Los obispos sugieren a los católicos que no voten al PSOE en las elecciones generales

Los obispos españoles, reunidos en comisión permanente desde el pasado martes, dieron a conocer este jueves su orientación para los católicos «y a todos los que deseen escucharnos» a la hora de ejercer su voto en las elecciones generales del próximo 9 de marzo.

El Episcopado elude pedir que no se vote al PSOE, pero sugiere que los católicos no pueden apoyar a formaciones que defienden la política desarrollada por el actual Gobierno; tampoco reclama el voto para el PP, pero aboga por las formaciones que defienden normas morales y a la nación española.

La nota emitida por el Episcopado admite que los católicos «pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos», si bien «también es cierto que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana, ni son tampoco cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los cristianos deben promover en la vida pública».

En esencia, los prelados entienden que los católicos y los ciudadanos responsables, antes de apoyar con su voto una u otra propuesta, deben valorar las distintas ofertas políticas teniendo muy en cuenta «el aprecio que cada partido, programa o dirigente otorga a la dimensión moral de la vida». Porque, «la calidad y exigencia moral de los ciudadanos en el ejercicio de su voto es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas».

Leyes injustas

La orientación moral de los prelados no es nueva; está extraída de una instrucción pastoral aprobada por la Asamblea Plenaria en noviembre de 2006 bajo el título de «Orientaciones morales ante la situación actual de España». Y sus ejes fundamentales rechazan aquellas opciones políticas que defiendan la negociación con organizaciones terroristas, el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual.

Es lo mismo que señalar con el dedo al actual Gobierno socialista, máxime cuando ha mostrado su disposición a ampliar la ley del aborto o, quizás, entrar de lleno en el pedregoso debate de la eutanasia en la próxima legislatura si consigue el triunfo electoral. Se demanda a los católicos que voten al «proyecto más adecuado a la realidad de la norma moral y de la concreta histórica», es decir, la defensa de la nación española. El portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, enfatizó que, actualmente, en España «hay varias leyes que son gravísimamente injustas y deben ser cambiadas». Citó expresamente la del matrimonio homosexual, donde los conceptos «esposo y esposa, marido y mujer, se han eliminado jurídicamente y han quedado como conceptos poéticos».

«El terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable», acotan los obispos en el texto. «No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo». Para los prelados españoles, una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista «como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político». Siempre basándose en el documento de la plenaria, la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, «pretendan modificar la configuración política de la unidad de España». Pero, al mismo tiempo, reseña que «también es necesario tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria» y, en palabras de Juan Pablo II, «superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada» por parte de todos. «Hay que evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas», señalan.

El obispo auxiliar de Madrid no dio un paso atrás cuando se le interrogó sobre las duras palabras del cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, durante la celebración de la fiesta por la familia cristiana, el pasado 30 de diciembre, cuando afirmó que «el laicismo radical conduce a la disolución de la democracia». ¿Expresa esta frase el sentir general de los obispos?, se le interrogó. Y respondió: «Toda política que pretende emanciparse del reconocimiento del orden moral objetivo degenera sin remedio en dictadura, discriminación y desorden». Es decir, que García-Gasco no andaba descaminado.

La tesis de los prelados es que «no se debe confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral».