Una jueza ve indicios de delito en la gestión del incendio de Guadalajara

La jueza de Sigüenza María del Mar Lorenzo que instruye el caso del incendio de Guadalajara, en el que murieron once personas y resultaron arrasadas 13.000 hectáreas de pinos en julio de 2005, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Albacete que determine si la ex consejera de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, "era una persona aforada" cuando tuvo lugar el incendio.

La magistrada ha encontrado "indicios racionales" que permiten imputar a Rosario Arévalo como autora de un delito de "imprudencia grave", pero antes de tomar la decisión definitiva necesita que otros tribunales de justicia "le aclaren totalmente la situación de la futura imputada" porque considera que como en el momento de los hechos era una persona aforada, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, podría ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de la región.

Al parecer, la jueza ha encontrado defectos "apreciables" en el control y vigilancia de las barbacoas donde comenzó el incendio y en la formación de algunas de las personas encargadas de la extinción del fuego. Todo ello en relación a las funciones que la ex consejera tenía encomendadas "derivadas de las competencias de su cargo y que le fueron atribuidas por la legislación vigente".

La jueza pide al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que determine si se considera competente para el conocimiento de estos hechos y si reclama la remisión de las actuaciones.

Además, María del Mar Lorenzo, ya ha imputado al delegado de Medio Ambiente de Guadalajara, Sergio David González; al alcalde de la Riba de Saelices, José Luis Samper Pasamón, a Rafael Ruiz López, director del parque natural del Alto Tajo, y a Joaquín Baumolea quien, estaría vinculado con empresas relacionadas con la extinción de incendios. Todos ellos tendrán que declarar en el juzgado entre el 14 de abril y el 5 de mayo.

25 imputados en total

Para las familias de las víctimas, representadas por el despacho de abogados de Miguel Solano, se trata de "una magnífica noticia", pues siempre han pensado en la responsabilidad de los políticos en esta causa y destacan la labor de la jueza María del Mar Lorenzo, que "está demostrando su independencia y su interés en la búsqueda de la verdad".

Con estas cuatro personas son veinticinco los imputados en este suceso, en el que ardieron casi 13.000 hectáreas de pinar, entre ellos los siete excursionistas que hicieron la barbacoa, seis técnicos de Medio Ambiente, responsables del 112 en Castilla-La Mancha y de empresas participantes en las tareas de extinción.

Por otra parte, y por causas que nada tienen que ver con el sumario del incendio de La Riba, se ha suspendido la declaración que tendría que haber hecho mañana en el Juzgado de Sigüenza, Alfredo Chavarria Samper, quien permaneció al frente del COP el día 17 de julio de 2005, en el que fallecieron los integrantes del retén de Cogolludo.