Arenas promete un Estatuto del Mundo Rural «para acabar con el desequilibrio»

El presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, eligió ayer la pedanía de Guadalcacín para presentar una de las «propuestas más atractivas» de su programa, el Estatuto del Mundo Rural, una serie de medidas con las que pretende acabar con «los desequilibrios y las distancias que separan las zonas urbanas de las rurales, en las que vive el 35% de la población andaluza».

Arenas desgranó ayer -ante un escaso grupo de vecinos de la pedanía, pero arropado por todo el PP de Jerez y de parte de la provincia- este conjunto de iniciativas que su partido tramitará como ley si sale elegido el 9 de marzo y que tiene un plazo de ocho años para su desarrollo y para cumplir el objetivo de poner fin a los «agravios históricos».

Según el candidato popular, este plan «integral» va dirigida a la «Andalucía olvidada», en la que señaló que el 90% de los municipios «está por debajo de la renta media de la comunidad», lo que a su juicio es «uno de los balances más grave de los 25 años del Gobierno de Manuel Chaves».

Arenas recalcó que el proyecto presentado apuesta por potenciar la presencia de pequeñas y medianas empresas para «garantizar el presente, futuro y el relevo generacional y la fijación de la población en el mundo rural».

Asimismo, señaló como objetivo conseguir que los habitantes de los pueblos andaluces estén a cinco minutos de carreteras de media capacidad y 20 de alta capacidad, a diez minutos de un centro de atención sanitaria y servicio de pediatría y a 20 de un centro hospitalario, a 15 minutos de pabellones deportivos cubiertos, pistas de atletismo o parques industriales o agroalimentarios.

Además, la propuesta recoge medidas para el fomento de los municipios rurales como la elaboración de un programa específico de turismo rural para diversificar la economía; garantizar el acceso a internet; un plan de construcción y rehabilitación de viviendas; más plazas para mayores en residencias; plaza de guardería en los municipios de más de 1.000 habitantes; casas de acogida para víctimas de la violencia de género en todos los partidos judiciales o la mejora del suministro y depuración de aguas residuales.