El nuevo Plan General recibe en dos meses casi un millar de alegaciones

La aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) parece estar más cerca a pesar de que ni la propia alcaldesa, Pilar Sánchez, se atreva aún a decir una fecha concreta para ello. De hecho, ayer se dio a conocer que durante los dos meses de exposición pública del documento (del 15 de noviembre al 15 de enero) se presentaron 950 alegaciones que finalmente han quedado en 934 tras restar aquellas que repetían temática. De este millar de propuestas, 504 fueron presentadas en el primero de los meses de muestra, mientras que las otras 446 corresponden a los últimos 30 días.

«Hemos pretendido que este Plan General sea un proyecto de todos y creemos que la participación ha sido un éxito. Buena prueba de ello es que, en este periodo de alegaciones, se han presentado casi el doble que en 2006, ya que entonces el PGOU que se proponía contó con 550», explicó la primera edil.

Entre estas alegaciones se encuentran 25 presentadas por el Partido Popular, mientras que el PSA ha planteado 15. Entre las propuestas del PP «hay asuntos tan variados como cambiar la clasificación de equipamientos privados a públicos (en el caso de los terrenos aledaños al Circuito), la puesta en marcha de un centro de rehabilitación de tetrapléjicos, la creación de un centro deportivo junto a la Laguna de Torrox o la construcción de un centro de estancia diurna para personas mayores», aseveró la alcaldesa. Tras ello, la regidora recordó a la oposición que «poseen un alto grado de desconocimiento de lo que es un Plan General porque el PGOU propone los futuros usos del suelo pero no especifica las actividades que se van a desarrollar en él».

De las 15 alegaciones presentadas por sus antiguos socios de Gobierno, cinco están relacionadas con supuestos defectos de forma en el procedimiento, algo a lo que desde el Consistorio no se le ha dado demasiada importancia.

Asimismo, por parte de las distintas asociaciones de vecinos existentes en la ciudad se han presentado 31 alegaciones (dos de ellas pertenecen a la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad y una a la Coordinadora Zona Sur Existe). «La mayoría de estas propuestas se han centrado en equipamientos públicos y en la creación de más zonas verdes», apostilló Sánchez, unas palabras a las que añadió que «en este sentido, nosotros, como equipo de Gobierno, vamos a incluir una modificación en el Plan General donde se establezca que todo el suelo que quede libre en la zona de Cerrofruto, tras la reubicación de buena parte de las viviendas, será zona verde». Eso sin olvidar que «también tenemos pendiente especificar qué ocurrirá con los terrenos de la actual fábrica de botellas», como indicó.

En relación a las alegaciones presentadas por parte del mundo rural cabe señalar que los ayuntamientos de Guadalcacín, Estella del Marqués, Nueva Jarilla y Torrecera, además de las delegaciones de Alcaldía de Las Tablas, Torremelgarejo, La Ina y Las Pachecas han subrayado la necesidad de «contar con un mayor número de viviendas así como más suelo para actividades económicas». «Creemos que la cantidad de pisos y casas que se van a construir en el mundo rural en los próximos diez años es el adecuado. Hemos hecho un esfuerzo enorme para alcanzar la cifra de 2.600 viviendas, ya que sobrepasábamos los límites del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)», por ello «hemos tenido que explicar a la Junta que en todos estos años estas zonas han visto cómo se frenaba su crecimiento por falta de viviendas».

Las promotoras y las constructoras han presentado 58 alegaciones mediante las cuales se pretende que aumente la edificabilidad, se permitan más usos residenciales o que se clasifique más suelo como urbanizable. De igual forma, los empresarios han planteado 80 propuestas al nuevo PGOU con asuntos muy diversos y «puntuales» que deberán ser analizados.

Los ecologistas proponen 140 modificaciones al Plan dentro de una única alegación «donde solicitan que el número de viviendas previstas sea menor o que se contemple la recuperación del río Guadalete». El resto de las alegaciones presentadas corresponden a ciudadanos particulares.

Una vez cerrado este periodo, una comisión de trabajo analizará estas peticiones, que se adaptarán o no al nuevo Plan. «En estos momentos estamos a la espera del documento de incidencias de la Junta, que es el último escollo que nos queda por saltar», concluyó la primera edil.

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