Elecciones y promesas

La irrupción de la incertidumbre financiera mundial ha propiciado que el debate sobre la gestión económica y la preparación de nuestro tejido empresarial ante lo que pueda venir hayan saltado a la primera línea de vanguardia programática de ambos partidos. Esto explica la decidida réplica con la que los socialistas han respondido este fin de semana en su conferencia política al plantear un programa de alto contenido social. Decididos a desactivar las acusaciones de inacción lanzadas desde el PP, el equipo encabezado por Zapatero ha prometido, además, elevar el salario mínimo de 600 euros a 800, antes del 2012, y las pensiones mínimas a 700 euros, desde los 497 actuales. Sin reconocer explícitamente la posibilidad de una desaceleración, el PSOE activa medidas de explícito tinte social pero que en definitiva, al poner más recursos en los bolsillos de los contribuyentes, buscan despejar el fantasma del parón del consumo interno antes de que se haga realidad. En el otro bando, Rajoy propone medidas para conseguir exactamente lo mismo pero poniendo el énfasis en la «no política» de un Gobierno socialista que, a su juicio, ha dejado a la economía demasiado expuesta ante un cambio de ciclo y confiando en que el recuerdo de la buena gestión realizada en los ocho años de Gobierno Popular pese ahora en la decisión de los electores. Al final, y abstrayéndose de las estridencias verbales de las respectivas bancadas políticas, los votantes se encuentran frente a dos supuestos extremos económicos que están mucho más cerca de lo que los interesados pretenden hacerles creer. Y que desgraciadamente adolecen incluso del mismo error: abusar de su legítimo empeño de llegar al poder a costa de rebajar su nivel de autoexigencia a la hora de cuantificar rigurosamente lo que le va a costar al Estado del Bienestar el cumplimiento íntegro de semejantes promesas.