Despropósito

La manifestación que ayer recorrió calles céntricas de Bilbao tras el lema «En defensa de nuestras instituciones» ha sido la última desmesura del lehendakari Ibarretxe y de los socios de su gobierno. PNV, EA e IU se han preguntado estos días cuál será el siguiente ataque que reciba el autogobierno vasco. Pero la cuestión es exactamente la inversa: en qué nuevo despropósito incurrirá el nacionalismo gobernante a cuenta de las discrepancias que mantiene tanto con la política anti-terrorista como con la actuación del poder judicial frente a ETA y su entorno organizado. Al convocar una manifestación contra la sentencia del Tribunal Supremo con dicho eslogan los integrantes del Gobierno Vasco han querido transmitir a la ciudadanía la idea de que el Alto Tribunal nunca podría ser aceptado como una institución también de los vascos. El mensaje resulta demoledor por su carga deslegitimadora respecto a las instituciones comunes a todos los españoles, y porque condiciona el respeto y acatamiento que requieren las resoluciones judiciales y los propios tribunales al contenido de las sentencias que emitan. Si una institución del Estado es capaz de encabezar una marcha no sólo contra una decisión puntual de un alto órgano jurisdiccional de ese mismo Estado sino contra la supuesta existencia de una trama en «altas instancias de la judicatura» frente a la que rebelarse, lo que pone en entredicho son los propios fundamentos del Estado de Derecho.