Justicia reparadora

La casualidad ha hecho coincidir dos acontecimientos que ponen a prueba la capacidad de la Administración de Justicia para revisar sus propias actuaciones y tratar de procurar la reparación efectiva de quienes puedan sentirse arbitrariamente tratados por la actuación de los tribunales. Es lo que ocurre con la decisión de la Fiscalía de La Rioja de reabrir las investigaciones sobre las circunstancias en que murió el joven Enaitz Iriondo, atropellado en Castañares en 2004 por un conductor que ahora reclama a la familia de la víctima los gastos que comportó la reparación del vehículo. Pero también con la propuesta del Ministerio de Justicia de indemnizar con 120.000 euros a Dolores Vázquez, quien purgó 17 meses de cárcel por el asesinato de Rocío Wanninkhof del que, finalmente, fue exculpada. Ese reconocimiento del error cometido constituye el único resarcimiento que podía proporcionarse a Vázquez, aunque ninguna compensación podrá subsanar el agravio provocado por una imputación injusta. Y que, para ser completa, hubiera requerido del Consejo del Poder Judicial una actitud más proclive a considerar que los jueces también pueden equivocarse.