La Fiscalía recurre el archivo de la causa contra la alcaldesa de ANV de Hernani
El juez cree que la edil no ensalzó a la banda terrorista al pedir aplausos para dos etarras
Actualizado: GuardarEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó ayer el archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de ANV de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia, por un delito de enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía, en total desacuerdo con la decisión, prepara ya el recurso con el que solicitará a la Sala de lo Penal que obligue al magistrado a reabrir del caso y a sentar a Beitialarrangoitia en el banquillo.
Pedraz cree que la primera edil de Hernani no cometió delito alguno cuando hace dos semanas, en un mitin de ANV en Pamplona, pidió desde la tribunal a los asistentes que irrumpiesen en «un chaparrón de aplausos, lo más caluroso posible», para Igor Portu y Martín Sarasola, dos de los presuntos autores materiales del doble crimen de la T-4. Beitialarrangoitia también demandó otra ovación para todos «los presos políticos vascos (etarras) que se encuentran dispersados en las cárceles de Francia y España». «!Os queremos!», concluyó enfática, en medio de un fuerte aplauso de los congregados.
El juez, a quien Beitialarrangoitia convenció el jueves con su declaración, señala en el auto que la dirigente de ANV no pretendió «exaltar, elogiar o mostrar su conformidad con las actividades o conductas de Portu y Sarasola».
Da total validez a los argumentos de descargo de la imputada, que en su despacho mantuvo que «lo que quería transmitir era un sentimiento, una cercanía a unas personas que habían pasado por un mal trance como personas (supuestas torturas tras su detención), no como militantes de ETA».
Elogio
Pedraz dice que no hay enaltecimiento porque esta figura penal «se limita a perseguir la exaltación o justificación de métodos terroristas y no, en cambio, el elogio o defensa de ideas o doctrinas, por más que pongan en cuestión el marco constitucional, porque de otra forma se convertiría en un instrumento dirigido a controlar la disidencia política».
La resolución de Pedraz sentó muy mal en la Fiscalía de la Audiencia y en el Gobierno, según las fuentes consultadas.