El canon genital

Tanto el Código Penal como la Ley de Propiedad Intelectual protegen los derechos de autor. Sin embargo, la exigencia de que esté presente el ánimo de obtener una ganancia comercial para que se pueda hablar de delito, ha tenido como consecuencia, que en España no se haya dictado ninguna sentencia penal contra quienes comparten, para uso privado, música o cine en internet.

Pero aunque no se pueda considerar delito, sí podría constituir una infracción civil de los derechos de autor que obligaría a indemnizar al perjudicado. Sin embargo, para poder reclamar es necesario identificar previamente a los usuarios infractores y, para ello, un juez debe autorizar la intervención de las comunicaciones del posible infractor.

Esta petición fue presentada ante un juzgado español por una promotora musical, dicho juzgado solicitó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un pronunciamiento prejudicial, que aclarase si la Justicia está obligada a poner a disposición de un demandante civil particular esta clase de medios. La respuesta, simplificadamente, fue que el empleo de tales medios de averiguación debe quedar reservado a las investigaciones emprendidas por las autoridades. Esta respuesta no es vinculante pero, de hecho, ha convertido en inviable cualquier reclamación a un internauta por bajarse una película o una canción.

Cerrada la vía judicial, la reacción de la SGAE ha sido promover el canon digital. El planteamiento es sencillo: puesto que la descarga privada no es delito y es imposible probar el daño, lo que deje de ingresarse se va a cobrar por adelantado, imponiendo una tasa al adquirir aparatos que permitan realizar copias. En conclusión, todo el mundo paga, copie o no, y la mayor parte del dinero que se recaude, nunca llegará a los autores, se lo quedarán las entidades que gestionan sus derechos. Lo dicho, genital.