Mayor coherencia

a citación del juez Garzón a los representantes legales del PCTV y de ANV para los próximos 4 y 5 de febrero dará lugar a la audiencia previa tras la que el magistrado podría suspender las actividades de ambas formaciones con arreglo al Código Penal. Una vez levantado el secreto del sumario, los informes policiales que hasta ahora obraban en su poder podrán ser utilizados como base para que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado decidan demandar su ilegalización al Tribunal Supremo. Desde que el PCTV apareciera en vísperas de las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 y ANV cogiera su relevo ante las últimas municipales, la convicción generalizada de que ambas representaban la continuidad de Batasuna no dio lugar a criterios unívocos de actuación ni en el ámbito político ni en el judicial. El argumento de que se precisaban pruebas que avalasen tan clamorosa sospecha resulta válido sólo en parte. Porque lo que queda en el ambiente es que las pesquisas comenzaron después de que ETA hubiera dado sobradas muestras de haber roto irremisiblemente el alto el fuego anunciado en marzo de 2006. Ni el poder político ni mucho menos el judicial deberían evaluar la existencia o no de causas de ilegalización o suspensión de organizaciones que operan formando parte de la trama terrorista o prestándole cobertura política según consideraciones de oportunidad, por relevantes que sean éstas. Ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega llegó a sentenciar que «PCTV y ANV están hoy más cerca de su ilegalización». Pero la voluntad política que muestra el Gobierno para someter la pervivencia de ambas siglas a las exigencias que derivan de la Ley de Partidos no debería aparecer como un recurso táctico, adecuado al momento por el que atraviesa su estrategia anti-terrorista, sino como una decisión sustentada en los propios fundamentos de la citada norma. La opinión pública y la solvencia del propio sistema de garantías necesitan que las decisiones que se adopten en lo sucesivo respecto a las formaciones investigadas guarden coherencia en sí mismas, superando tanto la equívoca disposición como la actitud dilatoria en que ha parecido acomodarse el Gobierno.