Tres menores del Manuel de Falla han sido trasladados en un mes por mala conducta

Los vecinos de la barriada España volvían a hacer saltar las alarmas el pasado lunes ante la situación que se padece en el centro de menores Manuel de Falla. Ya en Navidad dos de ellos fueron trasladados a un piso de convivencia en Los Corrales, en Huelva, y a otro centro de Córdoba, debido a su mala conducta contra los propios trabajadores del lugar. En esta ocasión, la denuncia de los disturbios parte del entorno de las instalaciones, donde los residentes se han quejado de varios actos de «delincuencia a pequeña escala».

Precisamente el pasado 16 de enero el Juzgado de Menores trasladaba a un tercer chico conflictivo al centro Bahía de Cádiz, con el fin de paliar el delicado ambiente que se respira entre los jóvenes, sus cuidadores y los vecinos. Como ha comentado el juez titular, José Miguel Martínez, la práctica del traslado es algo habitual que se realiza con cierta frecuencia, pues al tratarse de un centro de protección y no de reforma, ya que no se les imputa ningún delito, no se puede hacer otra cosa. No obstante, las competencias del juzgado a este respecto se suscriben exclusivamente a lo que sucede de puertas para adentro del recinto, por lo que los problemas que puedan surgir en la calle durante las salidas o las escapadas de los internos corresponden a la Policía.

Intervención limitada

En la mayoría de los casos se trata de chavales inmigrantes que han llegado a los alrededores en patera, y que al resultar menores de edad no pueden ser repatriados a sus países de origen. En la actualidad, el Manuel de Falla cuenta con 25 niños acogidos más el personal que trabaja en el centro, una plantilla que ha protagonizado hasta concentraciones en demanda de una mayor seguridad en el desarrollo de su labor.

La Policía, por su parte, ha confesado que los altercados con estos chicos en la zona se producen prácticamente a diario, aunque al tratarse de pequeños incidentes cometidos por menores poco pueden hacer al respecto. Otra cosa sería si alguno de ellos fuera pillado cometiendo un acto delictivo, algo que no ha ocurrido, por lo que los agentes han de limitarse a introducirlos de nuevo en el centro cuando se topen con ellos y comprueben que se han escapado o que están causando disturbios en el vecindario.

La solución, así, no pasaría tanto por aumentar la vigilancia policial como por dotar al Manuel de Falla de un mayor número de monitores que puedan llevar a cabo un control más exhaustivo de los menores, y hacer un frente común para evitar también conflictos de mayor calado dentro del propio recinto.