El Ayuntamiento niega persecución sindical y argumenta los despidos

Los siete primeros juicios por los despidos de trabajadores municipales en la Gerencia de Urbanismo quedaron ayer vistos para sentencia, tras la celebración de los mismos en el Juzgado de lo Social de la Audiencia Provincial. Desde las 10.30 horas de la mañana, compañeros, amigos, familiares de los ex empleados y delegados sindicales y afiliados a la CGT se concentraron en la puerta de los juzgados para prestarles todo su apoyo.

En líneas generales, la parte demandada (el Ayuntamiento) rechazó que haya existido cualquier tipo de persecución sindical y defendió la extinción de los contratos el pasado mes de septiembre por razones objetivas, entendiendo que dichos puestos de trabajo (siete jardineros y diez administrativos) no eran necesarios en la Gerencia de Urbanismo.

En el caso concreto de dos delegadas de la CGT, el letrado del Ayuntamiento afirmó además que se ha buscado su «blindaje» a través de una «maniobra sindical». Dicha «maniobra» se remonta a los meses de agosto y septiembre, relató, teniendo en cuenta que «es entonces cuando se producen las afiliaciones a la CGT», por lo que preguntó a ésta ex auxiliar administrativo de la GMU y delegada sindical si conocía la existencia de un plan de ahorro municipal en dicha fecha que iba a suponer una reducción de la plantilla.

El letrado defensor de la parte municipal fue más allá, recordando que las elecciones sindicales se celebraron el día 26 de septiembre y las delegadas fueron nombradas (previa renuncia de otros miembros del sindicato en la Gerencia) el día 27, justamente «cuando se notificaron los ceses» de la Gerencia de Urbanismo.

El abogado, tras interrogar a Miguel Francisco Zarzuela, secretario del comité de empresa de la Gerencia que acudió en calidad de testigo, consideró probada la existencia de dicha «maniobra», a la vez que destacó que esta ex empleada «no pasó ningún tipo de examen para llegar a su puesto».

De este modo, el letrado afirmó que «la militancia en el sindicato no puede constituir un blindaje de una relación laboral que ya ha nacido de forma fraudulenta».

Por la parte demandante, el abogado Benito Romero negó en todo momento «ejercicio fraudulento de la acción sindical», ya que ambas trabajadoras «desconocían que iban a ser despedidas».

El resto de juicios se celebraron de manera más rápida, como en el caso de Manuel Jesús Vega y Gonzalo Salvago, que fueron los primeros en declarar por la mañana. Una de las ex empleadas que acudieron ayer a juicio fue Josefa Valero, que permanece encerrada en la Catedral junto a otros dos ex empleados municipales.

Al término de los tres primeros juicios, Adolfo Sánchez, responsable del área jurídica de CGT, explicaba a grandes rasgos la versión sindical de lo sucedido en la sala: «Ha quedado demostrado que los contratos habían sido realizados en fraude de Ley, ya que se tendrían que haber convertido en indefinidos, pero no se hizo».

Ésta fue una de las principales líneas argumentativas, que según el responsable del área jurídica de CGT «prácticamente no nos han discutido». En cuanto a la existencia de «persecución sindical», indicó que cinco de los siete despedidos que fueron ayer a juicio «son afiliados a CGT».

Además, el sindicato rechazó la posibilidad de que haya existido cualquier tipo de maniobra sindical para blindar a las dos trabajadoras citadas, ya que «no es necesario». Tampoco entiende el sindicato, por supuesto, que estos puestos de trabajo fueran «no necesarios» en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La parte demandante pide que se consideren pues «nulos» cinco de estos siete despidos por «persecución sindical», concretamente los de los afiliados a CGT. Ello implicaría la readmisión de dichos trabajadores, mientras que si el juez los declarara improcedentes sólamente tendrían derecho a la indemnización.

Los siete juicios quedaron ayer vistos para sentencia y ahora será el juez quien decida cual de las dos partes tiene la razón.

eesteban@lavozdigital.es