La Audiencia ordena a Grande-Marlaska reabrir la investigación del Yak-42

La Audiencia Nacional dio la razón ayer a las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 y ordenó reabrir la investigación sobre la contratación de un vuelo «ilegal» y, si procede, depurar responsabilidades entre los altos cargos del Ministerio de Defensa. La Sala de lo Penal considera que el juez instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, se precipitó en junio pasado al archivar este caso, y vulneró el derecho de las víctimas a una investigación exhaustiva. En un auto de doce folios, la Sala de lo Penal hace suyos los argumentos expuestos el pasado 8 de enero por la Fiscalía y los letrados de las víctimas en sus recursos de apelación contra el 'carpetazo' del juez instructor.

La seguridad de aquel fatídico vuelo, que terminó estrellado contra el monte Pilav el 26 de mayo de 2003 cuando trataba de hacer escala en Trabzon (Turquía), «estaba seriamente comprometida» por los «graves defectos» y «carencias» que padecían el avión y su tripulación. Carencias que, señalan los jueces en su resolución, hay que investigar «para depurar eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido los funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control dentro y fuera de España».

'Cadena de confianza'

Los responsables de Defensa del momento, encabezados por el entonces ministro Federico Trillo, achacaron esa falta de control a que el Gobierno se había fiado en la llamada cadena de confianza formada por las empresas a las que se arrendó el vuelo, y que incluyó seis subcontrataciones. La sala destaca que en ese proceso de subarrendamientos, en el que se esfumaron 110.000 euros correspondientes, entre otras cosas, a un seguro de vida de los viajeros que nunca fue contratado, España «no se desprendió su potestad ni de su deber» de vigilar el buen estado del aparato y la preparación de su tripulación. Es decir, admite que pudo existir dejación de funciones.

Los magistrados insisten en este argumento y consideran «obvio» que quien tenía la obligación de cumplir con el transporte de las tropas era el Ministerio de Defensa y no Namsa, Chapman Freeborn y el resto de compañías que intervinieron en la cadena de subcontrataciones que terminó en la nefasta aerolínea ucraniana UM Air.

Señalan además que la investigación debe continuar con la práctica de una serie de diligencias solicitadas en su día por la Fiscalía, y que el instructor denegó de forma sistemática. Las asociaciones de afectados, que acogieron con «absoluta satisfacción» la decisión judicial avanzaron que volverán a solicitar, entre otras, que se cite a declarar a Federico Trillo.