Los que son, no son los que debieron ser

Desconfianza, ralentización, incertidumbre es la sintomatología evidente de la crisis. La contracción del crédito es lo que realmente imposibilita el crecimiento económico, afectando en primer lugar a EE.UU y luego al resto de las economías occidentales. Aquella ha sido y es la más afectada por la situación que atraviesan los mercados financieras. A ello se une una crisis de confianza, lo que determina y justifica la inestabilidad y bajada de las bolsas. En el corto plazo, la actuación del Gobierno (política fiscal) y la de la Reserva Federal Norteamericana (política de tipos) podrían sostener los índices bursátiles, pero en un corto espacio de tiempo. En el medio y largo plazo, sólo la recuperación económica es la única baza posible que puede dirigir a los mercados bursátiles, a la senda de la estabilidad y el alza.

Toda la zona euro sufrirá con virulencia los efectos de la falta de liquidez de los mercados financieros. Se prevé un aumento de la conflictividad social que se plasmará en la negociación colectiva y la caída de la demanda interna. Además de éstos, otros problemas se ensañarán con España: la crisis inmobiliaria es aún impredecible en lo negativo, su alcance está aún por determinar, pero creo que se acercará al desastre. Sólo tres datos al respecto: 1º) La deuda neta del sector es de 280.000 millones, de los que el 40% es sobreendeudamiento puro, ello supondrá necesariamente la liberación inmediata de activos para equilibrar los balances de las empresas. Ello supondrá un drástico incremento de la oferta, lo que supondrá una bajada de precios, que se estima en no menos del 10%. 2º) La construcción ha absorbido el 32% del total del crédito. 3º) Algo desconocido hasta ahora, pero no por ello menos preocupante: el sector ha atraído en los últimos años a 600.000 inmigrantes, de los que sólo están empleados en la actualidad 350.000.

Pensé equivocadamente que era el sector bancario el único que cortaba la respiración a los gobiernos ante la eventualidad de una crisis. Pero he aquí mi error, el Gobierno se ha lanzado a proteger un sector que no tuvo ningún problema en privatizar (como cualquier otro desde luego) los beneficios, pretendiendo ahora la socialización de las pérdidas... ah! se me olvidaba, es que hay elecciones en ciernes. A pesar de negarse a reconocer la crisis, el Gobierno ha decidido modificar el Plan Vivienda 2005-2008, lo que supone el reconocimiento de hecho y de derecho de la misma. Ha habido que modificar la política social del Gobierno para el acceso de los jóvenes a la vivienda, para diseñar una política económica que evite el colapso del sector inmobiliario.

Este escenario económico es muy similar a los existentes en 1973 (crisis del petróleo) y 1991 (crisis del Golfo), en los que el cambio de ciclo supusieron un giro en la política monetaria, desencadenado repetidos aumento en los tipos de interés y en el racionamiento del crédito. Ahora, en tan sólo dos meses, la inflación ha experimentado una subida del 2%, lo que sitúa la tasa interanual en el 4,3%. Además el escaso nivel de ahorro conduce a la reducción del consumo y ello a menores niveles de producción, lo que se traduce en un menor crecimiento del empleo y en un aumento de los índices de morosidad.

En agosto pasado, el Banco Central Europeo tomó una serie de medidas que en síntesis supusieron el aporte de ingentes cantidades de dinero al sistema financiero y el mantenimiento de los tipos de interés en torno al 4%. De ésta forma se aliviaban las tensiones de liquidez hasta el límite de su repercusión neutral en la tasa de inflación. De ésta forma los mercados financieros se afianzaron de forma coyuntural, ya que dichas acciones tienen eficacia en el corto plazo y éste ya ha transcurrido.

No reconocer el problema económico que se cierne sobre nuestra economía, amparándose en el colchón que supone haber liquidados los últimos Presupuestos del Estado con superávit es de irresponsable. Haber diseñado los Presupuestos Generales del Estado para 2008, los que son ya, considerando un escenario irreal, en lugar de los que debieron ser, lastrará las posibilidades de aguantar en mejores condiciones las situaciones adversas que ya se han impuesto y que se impondrán en el futuro, para hacer lo más benigno posible las consecuencias negativas que la crisis actual nos va a deparar.

El Presupuesto expresa el plan de actuación financiera de la Hacienda Pública para un ejercicio determinado. No puede sustraerse a la exigencia de formular los fines perseguidos y de ordenar los medios para su consecución. Su elaboración arranca allá por el mes de mayo. Entonces ya se había exteriorizado la crisis inmobiliaria. En ese momento se desconocía la dimensión de la crisis financiera que aparecía en todo su esplendor en agosto y cuyas consecuencias son a fecha de hoy imprevisibles. Con éstas hipótesis de partida no se entiende el cuadro macroeconómico que sirve de base a las Cuentas Públicas de 2008. No se ha sido riguroso para hacer frente a la desaceleración de la economía española, lo que se agrava sí las conclusiones la obtenemos por el envés del cuadro macroeconómico, el de Gastos. Ha sido un final de legislatura donde los compromisos de gastos se han exacerbado, para transmitir en época electoral toda la posible dosis de socialdemocracia y progresismo posible. El problema que subyace es que estos gastos tienen la consideración de estructurales y comprometen ejercicios futuros. Este desconcierto y descontrol del gasto deparará desequilibrios en la economía española, que no acompañan a la contención de la inflación y repercutirá negativamente en el sector exterior. El incremento del gasto (especialmente en subvenciones y transferencias) crece dos puntos por encima de las inversiones.

La prudencia presupuestaria debiera haberse impuesto máxime si no se han corregido durante la legislatura importantes desequilibrios, que exigen reformas estructurales auspiciadas desde instancias internacionales y, por qué no decirlo, desde lo más elemental del sentido común: flexibilidad del mercado laboral, favorecer e incidir directamente cuando sea necesario en una auténtica competencia intersectorial, equilibrar la balanza de bienes o comercial e incremento de la productividad en todos los ámbitos de la economía española.