Garzón convoca a PCTV y ANV en el primer paso para su ilegalización

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado el primer paso para suspender las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Una vez que ha recibido el informe policial que acredita los vínculos entre estas dos formaciones y Batasuna, el magistrado ha convocado a las partes personadas para iniciar los trámites de la suspensión.

El próximo 4 de febrero escuchará a los representantes legales del PCTV y el 5 a los de ANV, para que expongan sus alegaciones. Se trata de la vista previa recogida en el artículo 129 del Código Penal, que establece una comparecencia obligatoria antes de suspender las actividades. De adoptar finalmente esta medida, quedaría vigente por un periodo de cinco años, tal y como sucedió con Batasuna. Es decir, durante esos años no se podrá actuar, ni presentar, ni hablar en nombre ni del PCTV ni de ANV.

Además, el magistrado ha levantado el secreto de cuatro sumarios, el de Batasuna (el 35/02), que investiga la financiación de Batasuna a ETA a través de las herriko tabernas, PCTV, ANV y la operación contra la cúpula de Batasuna en la localidad guipuzcoana de Segura. Este levantamiento es lo que estaba esperando la Fiscalía para poder actuar contra las dos formaciones.

Y es que dentro de estos sumarios se encuentra el informe policial, realizado por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, y remitido a Garzón que acredita los vínculos económicos entre las dos formaciones por ahora legales y la ilegalizada Batasuna, así como la estrategia conjunta entre ambas. Al informe, de 200 folios más otros seis anexos de 2.000 folios tienen ahora acceso las partes personadas, Fiscalía y perjudicados, una vez levantado el secreto de sumario.

Informe policial a la Fiscalía y Abogacía

Tras estudiar el contenido del informe remitido por la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha representado, en representación del Gobierno de la Nación, un escrito solicitando a Baltasar Garzón, que "impida" que la ilegalizada Batasuna se presente a los comicios "a través de formas jurídicas defraudatorias de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP)", en referencia al EHAK-PCTV y EAE- ANV. Así, ha remitido al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al Gobierno de la Nación la solicitud de ilegalización por sucesión de Batasuna del PCTV y ANV.

Asímismo, Garzón ya le ha dado traslado extraoficialmente al Ministerio Público de los informes para que estudie si pide la suspensión de actividades de ambas formaciones y así no puedan actuar como tales y estén más próximas a la ilegalidad.

En el momento que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha recibido tales informes su primer movimiento ha sido enviar una copia a la Fiscalía General del Estado, encargada de dirigir todas las actuaciones contra ANV y PCTV, tanto por la vía penal (Audiencia Nacional) como por la vía administrativa (Tribunal Supremo).

Operación contra la cúpula de Batasuna

En la operación contra la cúpula de Batasuna en Segura, ordenada por Garzón al entender que se estaba vulnerando el auto de suspensión de actividades, la policía requisó documentos de las relaciones de los dirigentes de Batasuna con ANV. Parte de esa documentación fue utilizada por el magistrado para encarcelar a la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo. En su auto de prisión, Garzón decía que ANV informa y rinde cuentas a Batasuna a través de Fullaondo y que ésta cobraba su sueldo del PCTV.

Otro de los indicios que pesan en contra de ANV son las manifestaciones de la alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en el acto de presentación de candidaturas de este partido en Pamplona. La Fiscalía ya advirtió que sus palabras en la que pidió un aplauso a los últimos etarras detenidos, acusados de ser los responsables del atentado de la T-4, por el que murieron dos personas- eran una prueba más contra ANV. Además, hay que tener en cuenta que esta formación no ha condenado desde que está en los ayuntamientos, ninguno de los atentados perpetrados por ETA.

Lo previsible es que la Fiscalía inste a Garzón la suspensión de actividades de ANV y PCTV para que no puedan presentarse a las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 9 de marzo. A su vez, la Fiscalía General del Estado presentará, junto a la Abogacía del Estado, sendas demandas de ilegalización ante el Tribunal Supremo, así como la suspensión de actividades, para asegurarse que no les queda ningún resquicio legal. Además, el Ministerio Público estará atento por si pretenden utilizar el paraguas de alguna formación legal para presentar candidaturas. En ese caso, las impugnarán, también ante el Alto Tribunal.