El líder colombiano suaviza su mano dura

Cuando juró su cargo parecía imposible que el gobernante que estudiaba con los pies dentro de una palangana de agua muy fría para mantenerse despierto, que con 31 años se quedó sin padre porque fue asesinado al resistirse a un secuestro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que con 49 años había sobrevivido a 15 intentos de asesinato, accediera a negociar con las guerrillas o los grupos paramilitares.

Con la política de Seguridad Democrática, la columna vertebral de su Gobierno, no ha logrado derrotar a los grupos rebeldes, pero si los ha arrinconado. Con ese as en la manga, fue apoyado para cambiar la constitución y ser reelegido en 2006, ganando por goleada.

Su popularidad sigue siendo tan elevada que varios analistas insisten en que Uribe buscará un tercer mandato. Para ello necesita flexibilizar más su postura y atender el clamor popular para firmar un acuerdo humanitario que ponga en libertad a los secuestrados. La presión nacional e internacional para que pacte con las FARC no cesa desde 2006, cuando se cumplió el quinto aniversario del secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Con los avances conseguidos en materia de seguridad ciudadana, accedió entonces a que los familiares de los secuestrados de las FARC tuvieran contactos «sin intermediarios» con los guerrilleros.

Uribe accedió estudiar el acuerdo humanitario, la mediación de países amigos, (España, Francia y Suiza) y los buenos oficios de la Iglesia. De hecho, aseguró haber enviado un «emisario» a negociar directamente con las FARC, algo que dudan muchos expertos. El año pasado aceptó también la intervención de su colega venezolano Hugo Chávez, aunque luego la canceló abruptamente. Ahora están al borde de la ruptura pese a la intervención del líder bolivariano en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, dos de sus rehenes más valiosas.

Pero el gobernante colombiano se niega a cesar los operativos militares contra los «bandidos» de las FARC, como piden las familias y muchos de los «45 canjeables» y de los más de 700 secuestrados económicos. Él ofreció una zona de encuentro sin armas supervisada por la Cruz Roja, observadores internacionales y la Iglesia, que no es aceptada por los guerrilleros. Una situación que críticos de ambas partes atribuyen a la «falta de voluntad» en cada una de las trincheras.