Ocho meses sin trabajar
La fiscal antidroga de la Audiencia Provincial, Ana Villagómez, convenció al tribunal de la conveniencia de las escuchas telefónicas al alegar que en las intervenciones se respetaba la legalidad y que, por tanto, podían ser utilizadas como prueba.
Actualizado: GuardarVillagómez señaló que en los autos se hace constar las «exigencias jurisprudenciales» y calificó como lícito la justificación de que los investigados en las escuchas contaran con antecedentes por delitos del mismo tipo. Además, aseveró que hubo ocho meses de seguimiento e investigación y que se hacía constar los bienes de los acusados, un dato que había sido puesto en duda por la defensa unos minutos antes, y que en ningún momento se vio a alguno de los acusados «realizando algún tipo de trabajo o alguna actividad laboral lícita, a pesar de que fueran observados frecuentemente en restaurantes o locales de alterne».
La fiscal también indicó que la Policía hizo constar datos como que se les vio a alguno de ellos en dos playas cogiendo datos para meter coordenadas en un GPS o que extremaban la seguridad al circular en coche «con giros bruscos» o «frenadas en una rotonda», además de utilizar varios teléfonos móviles y hacer uso de cabinas telefónicas, «algo que no es normal», en palabras de la fiscal.
