El juez acepta las escuchas en el proceso a 24 miembros de la banda de Follarranas

Las 24 personas acusadas de pertenecer a una banda dedicada al tráfico de droga con centro de operaciones en Conil serán enjuiciadas hasta el próximo 14 de febrero después de que ayer el tribunal desestimara en el primer día del proceso la nulidad del mismo por irregularidades durante la instrucción del caso.

El primer movimiento de la defensa, compuesta por más de una decena de abogados, fue pedir la suspensión del juicio al considerar que las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil, que sirvieron para encausar a los imputados, se iniciaron sin que hubiera indicios claros de delito y considerar que los autos realizados por la juez de instrucción no justificaban dicha intervención. Por lo que los abogados alegaron la vulneración de derechos fundamentales y constitucionales de sus defendidos durante la investigación.

Para reforzar aún más este argumento, las defensas aseguraron también que hubo «falta de notificación» al Ministerio Fiscal de los autos en los que se autorizaba a realizar las intervenciones telefónicas. «Sin las escuchas, no hubiera habido aprehensión ni alijo y no habría acusados», insistieron los letrados en su petición de que se declarara nulo el juicio.

Sin embargo, el tribunal decidió desestimar la petición de los abogados defensores y asumir la argumentación de la Fiscalía, que defendió la validez de las pruebas telefónicas al ser realizadas después de ocho meses de investigación, en los que los agentes obtuvieron evidencias suficientes para comenzar con las escuchas.

De esta forma, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzgará a los 24 acusados de trabajar a las órdenes de Pedro Heredia Brenes, llamado por sus allegados y conocidos como Follarranas, y de Sebastián Fernández Bustos, alias Chano, y José Manuel Trujillo Galindo, Fornell, (que actualmente cumple condena en Marruecos), que presuntamente dirigían una organización que se dedicaba a transportar grandes cantidades de hachís desde Marruecos, que posteriormente ocultaban en Conil y localidades cercanas hasta su venta definitiva. La instrucción de la Guardia Civil también apunta a un marroquí, llamado Ahmed, como cerebro de las operaciones de traslado de droga, y que cobraba 120.000 euros por cada transporte de una tonelada de hachís.

Las primeras detenciones se produjeron el pasado 28 de octubre de 2006 cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron un alijo en la playa de El Palmar, y atraparon a varios de los acusados tras una persecución, en la que dos de los imputados llegaron a tirar por la ventana del vehículo robado en el que huían varios fardos, (incluso uno de los paquetes llegó a colisionar el vehículo policial que los perseguía en dirección a Los Caños). Finalmente, la Guardia Civil logró hallar 36 fardos de hachís con 993 kilos, mientras que otros 48 bultos se hundieron al ser desembarcados.

Sin acuerdo

Las partes intentaron llegar a un de acuerdo antes de la celebración del juicio, pero la escasa rebaja en las penas ofrecida por la Fiscalía no convenció a la defensa, que prefirió ir a juicio. «En el caso de mi defendido, le pedían cinco años de cárcel y han bajado a cuatro y medio. Así que, dado las muchas irregularidades que existen en la instrucción es más lógico iniciar una causa que se presenta larga y dura», aseguró Manuel Montaño, uno de los magistrados que forman parte de la parte defensora.

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