El clásico debate sobre la 'deuda histórica' irrumpe en la precampaña

La cuantificación y el cobro de la deuda histórica irrumpe con fuerza en la carrera hacia la presidencia de la Junta de Andalucía. No se trata de una novedad. Al contrario. Esta polémica se repite periódicamente desde las elecciones de 1996. Un año antes, el entonces candidato de IUCA, Luis Carlos Rejón, sacó del cajón del olvido una de las reivindicaciones del Estatuto de Autonomía de 1981. Inventaba así la batalla por el dinero que Andalucía reclama al Estado en concepto de indemnización por la precaria prestación de servicios básicos como la sanidad o la educación en los primeros años de gobiernos autonómicos. Una reivindicación que también defiende el nuevo Estatuto que entró en vigor en marzo del año pasado, puesto que pese a que todos los partidos andaluces la defienden, aún no se ha terminado de cobrar.

Durante los gobiernos de Aznar, la polémica por su cobro alimentó la llamada entonces confrontación entre Sevilla (PSOE) y Madrid (PP) durante los comicios de 2000 y 2004. Con Zapatero en La Moncloa, hay nuevas promesas de que se pagará, pero las desconfianzas parten ahora de la oposición al PSOE. El nuevo rifirrafe preelectoral en torno a la deuda histórica llega tras anunciar el presidente de la Junta, Manuel Chaves, que ha realizado una propuesta «justa y ambiciosa» sobre la previsión de la cuantificación final de este débito, aunque no ha desvelado este monto final, «porque puede ser modificada» durante las negociaciones que ahora se abren entre la Junta y el Gobierno central, y más concretamente, con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas .

Anticipo

Una de las cuestiones que pondrá sobre la mesa de negociación el Ejecutivo andaluz es la posibilidad de cobrar antes de las elecciones del 9 de marzo el anticipo a cuenta de la deuda histórica, que ya se ha fijado en 300 millones de euros. Este anuncio lo realizó ayer, además de Chaves, el consejero de Economía, José Antonio Griñán.

Todos los candidatos de la oposición entraron en la polémica exigiendo al Ejecutivo de Chaves que aclare el montante global que negocia con Solbes. El aspirante a la Presidencia de la Junta por el PP, Javier Arenas, considera que es «aberrante» que la Junta comunique al Gobierno de la Nación la cuantía de la deuda histórica y no haga lo mismo ni con los andaluces ni con el Parlamento.

El candidato de IU, Diego Valderas, calificó de «indecencia política» que el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, no quiera informar a los andaluces de la cuantificación.

En los mismos términos, Julián Álvarez, candidato de CA, tachó de «insólito» en un país democrático, que un Gobierno «no respete el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados».

Reivindicaciones

Tanto el PP como los andalucistas reclaman la reunión urgente de la Diputación Permanente del Parlamento (máximo órgano una vez disuelta la Cámara) para que el Gobierno dé cuentas de la cifra que negocia con el ministerio de Solbes.

El presidente de la Junta no entiende las reivindicaciones de los partidos de la oposición sobre la necesidad de anunciar el importe total de este débito antes de los comicios del 9 de marzo. Chaves recordó que ya ha mantenido contactos con representantes de PP, IU y PA sobre la metodología de esta cuantificación. «Todos se comprometieron a mandar un planteamiento de deuda histórica con la fundamentación correspondiente, pero aún no lo han hecho», acotó.

El nuevo Estatuto andaluz establece, en su disposición adicional segunda, un plazo de 18 meses para negociar su cuantificación y de tres años para su liquidación definitiva. La intención del Gobierno andaluz es no agotar estos plazos que, en cualquier caso, no podrían prorrogarse.