Imagen de archivo del viceconsejero de Transportes de Madrid, Luis Armada.
imputado por el 'caso guateque'

Aguirre asegura que «pondría la mano en el fuego» por la gestión de Luis Armada

La presidenta de la Comunidad de Madrid respalda la gestión del ex gerente municipal de Urbanismo, imputado por la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid

MADRID Actualizado: Guardar
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La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que "pondría la mano en el fuego" por su viceconsejero de Transportes y ex gerente municipal de Urbanismo, Luis Armada, que ha sido imputado por el juez Santiago Torres en la investigación por el 'caso Guateque' de una supuesta trama de corrupción para la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Madrid.

Según ha señalado Aguirre en un desayuno informativo, a Armada "se le acusa de haber hecho unas obras en su casa de la calle La Bola 9, con licencia, por unas goteras en el semisótano" pero "no se le acusa de haber levantado cuatro pisos o de haber especulado".

Las obras en cuestión se refieren a un permiso que Armada firmó para la reforma de un sótano de un palacete familiar situado en esa calle. Se trata de un edificio protegido de principios del siglo XX, donde el propio Armada estaba empadronado.

Una historia del pasado

Asímismo, Aguirre ha subrayado que la acusación parte de una antigua líder vecinal de Chamartín, Margarita Botija, a la que recuerda de sus años de concejala en el Ayuntamiento de Madrid, cuando esta persona "pegó" al entonces alcalde de la capital, Agustín Rodríguez Sahagún, el día en que "inauguramos el paso subterráneo de la Plaza de Castilla". Por ello la presidenta madrileña considera que quienes "tenemos memoria histórica podemos pensar qué es lo que hay detrás" de esta denuncia.

Armada comparecerá este miércoles ante el magistrado para responder sobre su actuación al frente de la Gerencia de Urbanismo entre los años 1997 y 2003, con José María Alvarez del Manzano como alcalde. En ese periodo otorgó 36.000 licencias, entre las que se encuentra la otorgada para levantar el hotel Pío XII, en el distrito de Chamartín, vinculada a la construcción de un hospital.

El viceconsejero constituye a día de hoy la única víctima política de la investigación. Hasta ahora, la trama no ha tocado de cerca a ningún alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, que figura en la causa como acusación particular en calidad de perjudicado.

Inhabilitado como gerente de Urbanismo

En febrero de 2003, al final de su trabajo como gerente de Urbanismo en la última etapa de José María Álvarez del Manzano, Luis Armada fue inhabilitado por sentencia judicial durante dieciséis meses para ocupar un cargo público por incumplimiento de la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes.

Cuando Alberto Ruiz-Gallardón ganó las elecciones municipales en mayo de 2003, Luis Armada fue nombrado consejero-delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), pero en noviembre de ese año, un mes después de que Esperanza Aguirre ganara las elecciones en la Comunidad de Madrid, pasó a la Administración regional como consejero de Transportes e Infraestructuras, cargo en el fue reafirmado tras los comicios autonómicos de 2007.

Desde marzo del pasado año Armada es, además, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Cinco implicados en prisión

La denominada 'Operación Guateque', dirigida por el juez Santiago Torres contra una red de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Madrid, salió a la luz el pasado 14 de noviembre con los registros e incautación de documentos efectuados en cinco dependencias del Ayuntamiento de Madrid. Se saldaron con la detención de 16 trabajadores, entre funcionarios, abogados y arquitectos, por su implicación en ese presunto cobro de comisiones para agilizar las licencias de actividad de diversos locales.

Dos días después los detenidos ascendían a 17, con el arresto de un empresario relacionado con la presunta trama de corrupción. De ellos, sólo seis fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ordenó prisión incondicional para cinco de ellos y cárcel eludible bajo fianza para otro, mientras que el sexto fue puesto en libertad con cargos. Un mes más tarde, en la segunda fase de la operación, la Guardia Civil detuvo el pasado 27 de diciembre a otros cinco funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.