Salvar la costa

En paralelo, los 21 países que comparten litoral han firmado la Declaración de Almería, por la que se comprometen a preservar un entorno natural único evitando, entre otras propuestas, construir en los primeros cien metros de playa. Una y otra iniciativa ponen de manifiesto la existencia de un riesgo de deterioro medioambiental verificado por el consenso científico que urge a adoptar cuanto antes medidas que frenen sus consecuencias, perceptibles ya pero que se harán mucho más acusadas para las futuras generaciones. Ese desafío comporta la adopción de políticas cuya eficacia no es demostrable a corto plazo y que pueden encontrarse no sólo con la apatía recelosa de una ciudadanía que valora la conservación de la naturaleza, pero aún poco dispuesta a sacrificar su bienestar por protegerla. También con las reticencias de sectores económicos que han cimentado su despegue sobre la explotación en muchas ocasiones irrespetuosa del conjunto del litoral español, que concentra todavía hoy el 80% del turismo que recibe nuestro país reportando beneficios por valor de 70.000 millones de euros. Pero las advertencias científicas ofrecen ya tal grado de certidumbre y coincidencia que es posible que obliguen a retraer y reorientar no sólo los proyectos de urbanización y dotación de infraestructuras que puedan proyectarse en los próximos años en las áreas costeras, sino a adaptar las actividades que las han ido colonizando durante décadas. Para lo que será preciso que gestos como el protocolo de Almería se concreten en compromisos evaluables y vinculantes que promuevan tanto la concienciación en el seno de cada país como, sobre todo, una respuesta coordinada que implique también a los estados menos desarrollados del Mediterráneo.