El precio de la vivienda
El incremento en un 4,8% del precio de la vivienda libre en España en 2007, equiparable a la subida del IPC, confirma que la desaceleración en el sector inmobiliario ha comenzado a contener ya el valor de los pisos tras una década de crecimiento sostenido. Nuestro modelo de progreso económico se ha basado en una anomalía por la cual el fuerte aumento en la oferta no se ha visto correspondido por una moderación en las hipotecas, sino justo lo contrario. Lo que había terminado por convertir la escritura en propiedad en una extendida opción vital, pero también en una fórmula de rentabilidad financiera. Por ello, que los precios hayan comenzado a ajustarse ha de interpretarse como un síntoma del inevitable retraimiento en un sector que necesitaba enfriarse cuanto antes para evitar el riesgo de desplome. Pero, paradójicamente, ese dato no ha hecho más que agudizar la inquietud sobre la evolución del sector inmobiliario, lo que prueba la incapacidad de éste para afrontar con todas las garantías la presión de factores sobrevenidos como la crisis crediticia y el encarecimiento de los tipos de interés. Al tiempo que cuestiona la actuación llevada a cabo por las distintas administraciones en estos años para tratar de asegurar el acceso a la vivienda. El reconocimiento constitucional del derecho a un techo digno compromete a los poderes públicos en la implantación de políticas que impidan los riesgos de desigualdad, de exclusión y de marginalidad que pueden derivarse de la falta de recursos. Es incuestionable que la promoción de vivienda pública ha contribuido a corregir esos desequilibrios, actuando al tiempo como elemento moderador de los precios.
Actualizado: GuardarPero esa alternativa no sólo no ha resultado determinante para la actual caída, precipitada por circunstancias externas, sino que ha afianzado una cultura de la propiedad que se traduce en ocho millones de familias hipotecadas cuyas dificultades no pueden soslayarse. Las administraciones deberían asumir que la realidad a la que se enfrentan ya no es sólo la de aquellos que carecen de medios suficientes para contratar un crédito o pagar un arrendamiento. Una constatación que debería llevarles a revisar la eficacia de sus iniciativas en un escenario incierto, calibrando los efectos indeseados -como el encarecimiento de los alquileres-, y las nuevas formas de desigualdad que puede acabar provocando su reiterada apuesta por la inversión pública y la política de subvenciones.