El Gobierno no actuará contra EHAK y ANV hasta que Garzón levante el secreto de sumario

El Gobierno no quiere prisas para instar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas). Con el calendario en la mano, hasta el 16 de febrero tiene tiempo para tomar medidas en ese sentido, ya que es en esa fecha cuando se producirá la proclamación de candidaturas para las elecciones generales del 9 de marzo. Por tanto, hasta que el juez Baltasar Garzón no reciba los últimos informes de las fuerzas de seguridad sobre ambos partidos y levante el secreto del sumario no habrá movimientos por parte del Ejecutivo.

Ninguna precipitación por razones políticas y nada de forzar la máquina contra ANV y EHAK para que no se presenten a las elecciones. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera, garantizó que el Gobierno actuará «con la ley en la mano» y no «en función de los tiempos (electorales)». Es decir, que aunque la Fiscalía General del Estado opine que ya cuenta con «base suficiente» para reclamar la ilegalización, el Ejecutivo va a respetar los procedimientos y no dará ningún paso hasta que el juez de la Audiencia Nacional levante el secreto del sumario y traslade todos los informes a las partes, decisiones que a su vez dependen de la recepción en el juzgado de las investigaciones policiales.

En ese momento, la Abogacía del Estado tendrá acceso a los datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre ANV y EHAK y sus vínculos con Batasuna, y presentará la demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo. Fernández de la Vega confió en que los investigadores «no vayan a tardar mucho» en completar sus pesquisas para que Garzón pueda actuar. El juez pidió los informes el pasado 4 de octubre en el marco de la causa que abrió contra ambas formaciones: en 2005 contra EHAK y el año pasado contra ANV.

Cuentas bancarias

Fuentes de la lucha antiterrorista precisaron que la Policía prevé concluir su investigación el próximo martes. Estos documentos versan sobre las cuentas bancarias de responsables de ANV y de ayuntamientos regidos por este partido en Euskadi y Navarra, así como de las relaciones de dependencia orgánica hacia Batasuna. El informe de la Guardia Civil estará completado, con toda probabilidad, el próximo jueves y se centra sólo en los movimientos bancarios.

El Ministerio del Interior, antes de trasladar estos documentos a la Audiencia Nacional, unificará la información de ambas pesquisas para evitar contradicciones y duplicidades, algo que ya ocurrió la pasada primavera, antes de las elecciones municipales del 27 de mayo. En aquella ocasión, Garzón ordenó al mando único de las fuerzas de seguridad, Joan Mesquida, que se refundieran los dos dossieres en un único texto.

La vicepresidenta primera no quiso, tras la reunión del Consejo de Ministros, adentrarse en el terreno de poner fechas a las actuaciones de la Abogacía del Estado, si bien fuentes gubernamentales recordaron que hay plazo hasta el 16 de febrero, día en que las juntas electorales procederán a la proclamación oficial de las candidaturas para los comicios del 9 de marzo. María Teresa Fernández de la Vega aseguró, no obstante, que, una vez que el juez tenga los informes policiales y «adopte decisiones», el Gobierno «actuará de inmediato», y autorizará a la Abogacía a presentar la demanda de ilegalización ante el Supremo. El Ejecutivo quiere evitar a toda costa las acusaciones de que actúa movido por intereses electorales, imputaciones que ya ha deslizado el PP, y pretende respetar de modo escrupuloso los tiempos legales, sin ceder a las presiones de los populares -quienes reclaman de inmediato la ilegalización- y sin atender tampoco a las de los nacionalistas, contrarios a la suspensión.

Menos prisas

El Gobierno no comparte tampoco las prisas de la Fiscalía, que esta misma semana se mostró dispuesta a presentar la demanda ante el Tribunal Supremo. Así se lo comunicaron los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al máximo responsable del Ministerio Público, Cándido Conde-Pumpido, en sendos almuerzos celebrados en privado los pasados martes y miércoles. El Ejecutivo, entretanto, aún no ha resuelto si los servicios jurídicos reclamarán al alto tribunal la ilegalización de las formaciones abertzales al amparo de la Ley de Partidos -un procedimiento que en el caso de Batasuna se prolongó durante siete meses en 2003- o se acogerá a la vía de la ejecución de sentencia. En este caso, se aplicaría a ANV y a EHAK la sentencia que determinó la proscripción de la coalición de izquierda abertzale.