La Fiscalía urge a demoler 20 viviendas ilegales en la provincia con sentencias firmes

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Cádiz, cuyo titular es Ángel Núñez, tiene en cartera 20 sentencias «firmes» para efectuar demoliciones de viviendas ilegales en la provincia de inmediato y otras cuatro sentencias que están pendientes de diversos recursos antes de alcanzar la firmeza necesaria para su ejecución. Núñez recordó que Cádiz es una de las provincias españolas «más adelantadas» en este tipo de actuaciones, como se puso de manifiesto en una reciente reunión de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo españoles celebrada en Fuerteventura y en la que se insistió en la necesidad de llevar a cabo las demoliciones, para evitar la sensación de «impunidad» de este tipo de delitos.

«La práctica que se está realizando en Cádiz se ha trasladado a otras regiones», aseguró Núñez, que fijó en unas 20 las sentencias firmes para ejecutar demoliciones en municipios como Sanlúcar, El Puerto, Chiclana, Barbate o Tarifa. Además, existen otras cuatro o cinco sentencias para realizar derrumbes de casas ilegales que aún no son firmes debido a que se han interpuesto diversas alegaciones por parte de los abogados que defienden a los implicados en las construcciones ilegales.

Núñez recuerda, que una vez efectuada la sentencia, ésta tarda unos meses en adquirir firmeza y luego viene la cuestión de cómo se ejecuta la demolición. «Normalmente la persona que debe demoler es el propietario del inmueble, que no suele asumir la demolición, por lo que ésta debe acometerla de forma subsidiaria el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía. Eso supone un retraso, puesto que es necesario realizar una propuesta de derribo y adjudicarla a la empresa que debe realizarla», detalló el fiscal.

En todo caso, Núñez recuerda que esta materia «es una cuestión novedosa y hasta hace poco los tribunales eran muy reacios a firmar demoliciones. En la actualidad estamos siguiendo unos plazos razonables».

Y es que la situación ha dado un vuelco espectacular durante 2007, gracias a la unificación de criterios que se ha producido en las secciones de Cádiz y Algeciras de la Audiencia Provincial. A mediados del año pasado se produjo una reunión entre los magistrados de ambas secciones con el objetivo de unificar criterios, de forma que se incluyera la demolición como fórmula eficiente para frenar la construcción de viviendas ilegales.

En la última memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Núñez era claro: para frenar la proliferación de estos atentados a la ordenación del territorio había que derribar las edificaciones levantadas fuera de la ley. Esta concepción fue asumida por la Sección Primera, que en enero del año pasado ordenó por primera vez la demolición de un chalé ilegal en Zahora. Posteriormente, este cambio de criterio, por el que se abandonaba la vía exclusiva de la multa y las penas de cárcel, se materializaba en otra demolición ordenada por la Audiencia de una construcción ilegal en Chiclana realizada en suelo no urbanizable y de interés agrícola. Una de las últimas actuaciones ha sido la demolición por parte de la Junta de una vivienda ilegal de 80 metros cuadrados en El Palmar a finales del pasado mes de octubre.

Precisamente ayer agentes del Seprona de la Guardia Civil de Algeciras procedieron al precinto de una vivienda que se estaba construyendo de forma «ilegal» dentro de los límites del Parque Natural del Estrecho, en la zona conocida como Sierra Plata.

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