La Fiscalía de Nápoles pide que Berlusconi sea juzgado por corrupción

El fiscal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, ha pedido que el ex primer ministro del país y actual líder de la oposición, Silvio Berlusconi, sea juzgado por corrupción. La solicitud se enmarca en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía italiana por un presunto trato de favor a cinco actrices para que, con la mediación de Berlusconi, fueran contratadas en una serie de la televisión pública.

Según el argumento de la Fiscalía, el ex primer ministro pidió al presidente de RAIFiction, Agostino Sacca, que se diera un trato de favor a cinco actrices y las incluyera en el reparto de una serie de la RAI, la cadena pública italiana.

La investigación la dio a conocer el mes pasado el diario italiano La Repubblica, que, además, publicó una conversación telefónica en la que Berlusconi le sugería a Sacca el nombre de dos mujeres jóvenes para que les diera trabajo.

Ante la difusión de la conversación, Berlusconi afirmó que "en ciertas situaciones en la RAI se trabaja sólo si te prostituyes o si eres de izquierdas. Esto lo saben todos en el mundo del espectáculo". El ex presidente del Gobierno tachó entonces de "acto violento y criminal" la difusión de conversaciones privadas, pero añadió que en su contenido "no hay nada por lo que preocuparse".

Otro proceso en Milán

En otra causa que se sigue contra Berlusconi por corrupción en Milán el tribunal ha fijado el día 22 de febrero para "el examen de los imputados", lo que le daría la oportunidad de acudir al juicio si lo desea. Con anterioridad, el ex presidente había declarado que se presentaría ante la Corte.

El proceso se sigue por la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de la sociedad Mediaset, por valor de 470 millones de euros. En torno a esa firma se creó un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.

La Fiscalía sospecha que en la operación se aumentó de forma artificial el precio real de los derechos, se desvió a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros y se eludió al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996.

Además, el empresario y líder político está acusado del supuesto pago de 580.000 euros al abogado David Mills, también imputado en el caso, a cambio de que diera un falso testimonio en dos procesos en los que fue absuelto.