Cerco eficaz
La posible presentación este viernes por parte de la Fiscalía General de una demanda de ilegalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas desencadenará el proceso judicial para proscribir a la formación que ha representado a la izquierda abertzale en el Parlamento de Vitoria desde 2005 y también a ANV por su presunta vinculación con Batasuna. La eventualidad de que se activen tanto el proceso previsto en la Ley de Partidos ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, como la vía penal que mantiene abierta Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, duplica los mecanismos con que legítimamente cuenta el sistema democrático para evitar la continuidad fraudulenta de Batasuna e impedir la presentación de sus supuestas organizaciones satélites a las elecciones del 9 de marzo.
Actualizado: GuardarPero la ofensiva que comporta esa respuesta desdoblada contra la impunidad del entorno de ETA obliga a administrar con la máxima cautela los procedimientos que pueden emprenderse a tenor de las pruebas acreditadas, a fin de evitar malentendidos o fricciones como las que ya han aflorado entre el Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción 5.
Y también a conducirse con claridad ante una opinión pública que precisa de una acción nítida y verificable de la Justicia más allá de la expresión reiterada de convicciones o de la filtración de informaciones sin sustento probatorio.
El garantismo que caracteriza a nuestro sistema penal y los propios límites que presenta la legalidad en cuanto a tal no podrán resultar nunca completamente efectivos frente a una izquierda abertzale empecinada en explorar cualquier resquicio para tratar de incumplir las normas del Estado de Derecho y contravenir los principios democráticos, y que ha demostrado que su único objetivo es simultanear el recurso a la violencia con el mantenimiento de una actividad pública cómplice.
Pero precedentes como la utilización que ha efectuado ANV de las candidaturas que superaron los filtros legales en las elecciones municipales, transformando por sí misma la presunción de inocencia en jactancia culpable, han de llevar a las instituciones a garantizar en lo posible una respuesta que reduzca al mínimo las áreas de impunidad de que ha seguido disfrutando el complejo Batasuna.
