Chaves, satisfecho con la orden que obliga a Odyssey a informar sobre el tesoro
El secretario general del PSOE andaluz y presidente de la Junta, Manuel Chaves, consideró ayer un «paso importante» para la solución «definitiva» del caso Odyssey el que un juez de Tampa (Florida) obligue a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration a facilitar en el plazo de 14 días al Gobierno central la localización del pecio y su nombre, así como un informe detallado sobre la carga extraída en mayo en aguas españolas.
Actualizado: GuardarEn declaraciones a los periodistas en Granada, donde firmó un convenio de colaboración con el laboratorio MSD para la puesta en marcha de un centro de investigación en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), Chaves afirmó sin embargo que, aunque «importante», éste no se trata del paso «definitivo», pero sí es «positivo», según dijo, «para las aspiraciones de España para la posible devolución de los tesoros».
«Yo creo que, por lo tanto, aunque sea un primer paso es un paso importante que viene a dar la razón al Gobierno español», señaló el presidente del Ejecutivo andaluz.
La justicia norteamericana, según se hizo público el jueves, ha admitido la confidencialidad del caso solicitada por el Ejecutivo central y ha fijado la fecha del 5 de marzo para que vuelvan a presentarse las partes ante el Tribunal y, así, comprobar que la información facilitada por la empresa Odyssey en dicho plazo corresponde a lo pedido por España.
Antecedentes
El 18 de mayo de 2007 la empresa norteamericana anunció que había transportado un cargamento de monedas a los Estados Unidos procedente de la operación, Cisne Negro.
Odyssey se negó entonces a otorgar ningún tipo de información sobre la identidad del pecio o pecios objeto de esa extracción o de la localización exacta en la que se había producido la denominada operación. El único dato que dio fue que el hallazgo no se había realizado en aguas españolas y que se había hecho, por tanto, en aguas internacionales.
El Ministerio de Cultura sostiene que la empresa estadounidense «no ha actuado conforme a la ley» y señala que «no ha autorizado actividad arqueológica alguna ni sobre aguas jurisdiccionales españolas ni sobre pecios españoles».
Asegura que la primera autorización que el entonces Ministerio de Educación y Cultura otorgó establecía el intento de localizar un buque de guerra inglés hundido en aguas del estrecho.