La jueza investiga a un empleado de una empresa de grúas en el caso de Conil

La jueza que instruye las diligencias abiertas por la supuesta venta de coches robados en la que pudo participar el jefe de la Policía Local de Conil, investiga la posible implicación de un empleado de la empresa Grúas y Rescate en este fraude.

Este trabajador, identificado como Juan C. C., fue la persona que acompañó al jefe de la Policía Local, en calidad de detenido, a los juzgados de Chiclana el pasado jueves y no el dueño de la empresa en la que está empleado, como informó por error este periódico en su edición de ayer. Esta firma está dirigida por dos socios. Uno de ellos, Francisco Cortés Cabrera, negó cualquier implicación de los directivos de esta empresa en las actividades fraudulentas que investiga la Guardia Civil.

Es más, para dejar claro que quieren desvincularse por completo de cualquier tipo de sospecha, despidieron ayer al trabajador, que tenía un contrato fijo y llevaba más de dos años prestando sus servicios. «No podemos permitirnos tener con nosotros a una persona que están investigando», dice Cortés Cabrera.

Pese a esta medida adoptada, uno de los socios de la firma mostró su sorpresa por el arresto de su trabajador, al que califica «de buen empleado, que jamás ha dado un problema». Juan C. C. quedó en libertad el pasado jueves aunque pendiente de personarse en la mañana de ayer ante la jueza de guardia, quien debía interrogarle ya que en la jornada anterior sólo tomó declaración al jefe de la Policía Local, Francisco Luis González Fernández.

Este periódico trató ayer sin éxito de conocer qué tipo de medidas cautelares se han adoptado en cuanto a su situación judicial, y si finalmente ha quedado en libertad con cargos al igual que el responsable policial. Bien es cierto que las dos personas que por ahora han sido detenidas por la Guardia Civil han sido interrogadas por la jueza que el pasado jueves estaba en funciones de guardia y no por su homóloga del nº 3 de Primera Instancia e Instrucción de Chiclana, que es la persona que está investigando el caso.

Por eso, pueden producirse modificaciones en las medidas cautelares dictadas por la jueza que ha oído los testimonios de los dos arrestados.

El servicio municipal

La investigación policial y judicial trata de discernir si Juan C. C. ayudó a Francisco Luis González a recuperar vehículos que habían sido robados para venderlos supuestamente y no entregarlos a sus respectivos dueños. Las pesquisas también intentan demostrar cómo algunos de esos vehículos eran utilizados por los propios implicados, entre los que también se encuentran como imputado un chatarrero del que no ha trascendido su identidad.

Precisamente, Juan C. C. era el conductor de la grúa municipal; un servicio concedido a la empresa conileña que dirige Francisco Cortés hace unos tres años. Según explica el empresario, su jornada laboral la pasaba por la mañana en la Jefatura de la Policía Local a la espera de algún aviso para intervenir. «Él no tenía que firmar ningún papel. Tan sólo se limitaba a recoger el vehículo que el agente que estaba de servicio le indicaba. A nosotros sólo nos llegan copias de las actas que levanta la Policía».

Cortés Cabrera y su otro socio se reunieron ayer con el alcalde de Conil, Antonio Roldán, para expresarle su preocupación por la sucesión de acontecimientos y le anunciaron que «hasta que no se aclaren los hechos», no prestarán los servicios ordinarios de la grúa municipal. «Tan sólo acudiremos a las urgencias para no causar perjuicios a los vecinos».

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