El Gobierno avisa a los obispos que los tiempos de la moral única no volverán

El Gobierno repartió una de cal y otra de arena en su polémica con un sector de la jerarquía católica; advirtió a los prelados más conservadores que no volverán «los tiempos» de la moral única, pero, a la par, descartó tomar medidas en los acuerdos Iglesia-Estado. El PP, después de muchas dudas, entró de lleno en la controversia y exigió a los socialistas que no estiren una «polémica estéril» con la Iglesia que sólo busca «tapar cuatro años de fracasos».

Tres horas y media en la comisión constitucional del Congreso para debatir sobre las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia depararon de todo. Entre el aroma electoral, que todo lo invade, y que la religión despierta las pasiones más atávicas, el duelo subió a cotas dialécticas notables, pero también descendió a los niveles rastreros.

La vicepresidenta primera explicó que el malestar gubernamental con «una parte de la jerarquía eclesiástica» no está motivado por la concentración a favor de la familia celebrada el 30 de diciembre en Madrid, el enfado proviene de que en ese acto se vulneró «el respeto debido a dos poderes legítimos, como son el Gobierno y el Parlamento y se haga, además, faltando a la verdad».

Antecedentes

En ese encuentro organizado por el arzobispado de Madrid, los cardenales de Madrid, Valencia y Toledo se despacharon en términos muy duros contra la política social del Gobierno, y en concreto contra las leyes de matrimonios homosexuales, divorcio y aborto. Estos prelados apuntaron que esas normas vulneran los derechos humanos y diluyen la democracia.

María Teresa Fernández de la Vega, antes de responder a esas críticas, subrayó la ausencia de contenciosos, «más allá de las naturales discrepancias», en las relaciones bilaterales con el Vaticano, así como con la máxima jerarquía eclesiástica. Admitió que el conflicto está planteado con el ala más conservadora de la Conferencia Episcopal. Y en un claro mensaje a este colectivo, manifestó que la sociedad «no necesita tutelas morales» y tampoco «las necesita, ni tolera ni acepta su Gobierno»; se mostró convencida de que los ciudadanos no admite retroceder a «tiempos pretéritos, tiempos en los que una única moral era impuesta a todos». Esos años, prosiguió, «quedaron atrás y no volverán». Hoy en España, remató, «nadie puede tratar de imponer a nadie una determinada moral o creencia religiosa». La vicepresidenta precisó que las coordenadas de las relaciones del Estado con la Iglesia son «Constitución, concordia, convivencia, respeto y autonomía», unos principios en los que se sustenta la cooperación entre ambas instituciones.

Explicó que esa colaboración no implica, por un lado, «menoscabo de la laicidad del Estado», pero, por otro, tampoco «otorga derecho» a la Iglesia Católica, «por mayoritaria que sea, a inmiscuirse en el ámbito propio de la autonomía del poder político». Garantizó que «no se van a revisar las normas» que rigen las relaciones con la Santa Sede, plasmadas en los acuerdos suscritos en 1979, ni llamarán a consultas, como reclamó IU, al embajador en el Vaticano, Francisco Vázquez. Tampoco habrá cambios en la relación con la Conferencia Episcopal, con la que el Gobierno mantendrá el diálogo para llegar a un pacto sobre su autofinanciación.