Legal y privado

a huelga iniciada ayer por la mayoría de las clínicas con autorización para practicar abortos refleja la necesidad de reconducir al terreno de la legalidad el debate abierto sobre las interrupciones del embarazo en España. Los centros concernidos han de ser los primeros interesados en que se esclarezcan aquellos casos en los que se estén realizando actividades fraudulentas y en que se depuren responsabilidades si se verifican judicialmente. De la misma forma, quienes identifican el aborto como una vulneración del derecho a la vida están obligados a no obviar en sus críticas la existencia de un marco normativo, ampliamente consensuado, que ampara en los supuestos tasados una decisión tan dolorosa para las mujeres, y frente al que no cabe pronunciarse mediante amenazas, gestos coactivos o presiones.