La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide reabrir el sumario del Yak-42 para investigarlo «en condiciones»

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, solicitó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que reabra el sumario sobre el accidente aéreo del Yak-42 por considerar que el juez instructor, Fernando Grande-Marlaska, «cercenó» la investigación al impedir la práctica de muchas pruebas solicitadas por las familias de los 62 militares muertos en aquella catástrofe. El representante del Ministerio Público exigió una investigación «en condiciones» de la parte del sumario que afecta a la contratación del vuelo, cuyo archivo decretó en junio el titular del juzgado de instrucción Central 6.

La Fiscalía, que en su día decidió no presentar recurso de apelación contra el carpetazo del juez instructor, hizo suyos este martes todos los argumentos incluidos en sus impugnaciones por las familias, que acogieron el cambio de criterio con caras de incredulidad y alegría. En una intervención que podría dar un vuelco al caso, el fiscal jefe resaltó que los allegados y, sobre todo, los 62 militares que perdieron la vida «merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación en forma».

Zaragoza denunció que Grande-Marlaska no resolvió «nada» cuando atribuyó, en su auto de archivo, la responsabilidad del siniestro a la tripulación del avión. Considera que hay «circunstancias importantes que pueden tener relevancia penal y que deben ser investigadas». Entre ellas, las averías que sufría el avión ucraniano, su falta de licencia para volar a Afganistán, la existencia previa de quejas de los mandos militares y de varios países -que habían rechazado el uso de aparatos de la ex URSS-; el cansancio de la tripulación y la desaparición de 110.000 euros pagados por el Estado en la cadena de subcontrataciones, en la que participaron seis empresas, y que desembocó en el arrendamiento de un avión averiado para trasladar a las tropas.

En coincidencia las quejas hechas públicas por las familias en los últimos tres años, el fiscal subrayó que «no ha existido ninguna investigación plena o total dirigida a esclarecer la existencia de responsabilidades», porque Grande-Marlaska «no ha practicado una sola diligencia para investigar». Denunció que el instructor, al ordenar el archivo del sumario, «quebró» el derecho de los militares y sus familias a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías. En ese sentido, se preguntó en alto qué hubiera sucedido si el siniestro hubiera afectado a un avión de una compañía aérea comercial de reconocida solvencia. «Se hubieran exigido responsabilidades hasta al apuntador», sentenció.

Sentido Común

Los abogados de las familias expresaron, al término de la vista, su satisfacción por el cambio de criterio de la Fiscalía, que el letrado de la principal asociación de afectados, Leopoldo Gay, considera «de sentido común». El presidente de la asociación de víctimas, Patxo Castilla, dijo estar «sorprendido gratamente» y «completamente de acuerdo en que las víctimas y los fallecidos merecen un acto de Justicia». Ahora, habrá que esperar a que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre si reabre o no el caso, decisión que podría producirse la semana próxima, según fuentes del caso.

Si los magistrados ordenan seguir investigando, las familias avanzaron que volverán a pedir que se cite a declarar a los responsables del Ministerio de Defensa en el momento del siniestro: el ex ministro Federico Trillo; el ex secretario de Estado Fernando Díez Moreno, y el número tres Javier Jiménez Ugarte, además del ex jefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre. El letrado de Díez Moreno estuvo presente en la vista para señalar que «ya se han investigado los hechos que se han tenido que investigar» y «no hay nada más que saber» sobre lo ocurrido porque «ningún funcionario ha incurrido en ningún delito que pueda implicar ninguna responsabilidad para él».