Los inquilinos de la finca de Cruces, 32 tendrán que abandonar sus casas a partir de mañana

Los desalojos de la finca de la calle Cruces, 32 son ya inminentes a pesar de la lucha protagonizada por los vecinos que se niegan a abandonar sus hogares. La justicia ha dado la razón a la propiedad, por lo que los inquilinos tendrán que recoger su bártulos y abandonar los hogares.

Diego Pecellín, uno de los inquilinos, ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse en el juicio que se celebró ayer en los Juzgados de El Puerto por la denuncia interpuesta por la propietaria de la finca para que todos los inquilinos dejen sus pisos. Pecellín acudió a la vista con el objetivo de defender sus derechos, pero no pudo declarar porque no contaba con los servicios de un abogado defensor. Por ello, finalmente, el desalojo se hará efectivo el próximo 12 de febrero. Y es que aunque él y su mujer, Carmen García, van a recurrir la sentencia, «el tiempo ya se ha venido encima», según comentan los propios afectados.

Este matrimonio vive desde hace cinco años en el inmueble junto a su hijo, que nació pocos días después de conseguir este hogar de poco más de 20 metros cuadrados, por el que pagaban hasta el pasado mes de junio 109 euros mensuales.

La propietaria del inmueble, que ha rechazado la posibilidad de ofrecer su versión sobre estos hechos, no ha renovado los contratos de arrendamiento a las familias que habitan en la finca. Todos serán desalojados, a excepción de Adelina Laoz, que cuenta con contrato indefinido. Paradójicamente, la primera orden de desalojo se realizará mañana mismo y Adela Suárez, hija de la única vecina que conservará su hogar, tendrá que abandonar su casa.

Pero parece que los desalojos no se harán fácilmente, y es que la concejal de IU Pepa Conde y los miembros del Foro Social ya han dejado claro en varias ocasiones que no permitirán que las familias se vean obligadas a dejar sus viviendas. Conde culpa al anterior equipo de Gobierno, y al actual, de «no haber realizado las obras que tendrían que haber efectuado de forma subsidiaria» y permitir que «la finca se haya venido abajo por el deterioro». Desde el Ayuntamiento, el concejal de Vivienda, Antonio Jesús Ruiz, ha indicado que las familias afectadas podrán entrar en el Parque Municipal de Vivienda, aunque del mismo modo, admite que las soluciones no serán inmediatas ya que actualmente existe más demanda que oferta de pisos sociales.