Más paro y menos economía sumergida

Se sabe que las rutas de entrada del tabaco rubio han emigrado a otros lugares del mapa español y que esta actividad, así como la del narcotráfico, aunque mantiene la operatividad de ciertos capos ya no sirve como cataplasma contra el desempleo a amplios sectores marginales de la provincia, tal y como ocurriera hasta bien entrada la década de los 90. Y, unido a ello, el blanqueo de dinero tampoco es lo que era: dicha actividad influyó lo suyo en las alegres compraventas de fincas rústicas y urbanas en décadas anteriores. Ahora y sin que nada de halagüeño tenga el crimen de cuello blanco o de cuello negro, sencillamente el paro puede doler más. Más de cien mil gaditanos ---108.632 para ser exactos-- afiliados al Servicio Andaluz de Empleo en 2007: el censo de una ciudad como Algeciras, chispa más o menos. Ocho mil más que al final del ejercicio anterior.

El dato alarmante lo proporcionaba el propio SAE: en sólo un mes, el último del año, el sector gaditano de la construcción pasó de 15.022 parados a 17.093, un dato tan preocupante como el cierre de Delphi y que homologa a la provincia con el resto del Estado aunque inexplicablemente Cádiz se sitúa en segundo lugar del ranking, a la zaga de Madrid.

Pero lo raro es que hasta el pasado mes de octubre, el negocio inmobiliario seguía boyante en este confín del mapa. En vísperas del último trimestre del año, el Instituto Nacional de Estadística sobre constitución de hipotecas en España y en Cádiz, aseguraba que el préstamo medio rubricado en la provincia en octubre de 2007 ascendía a 151.320 euros, un 15,46% superior a la del año anterior y un 7,7% por encima del incremento medio estatal. Según esos mismos datos, la provincia gaditana sumó en octubre de 2007 hasta un 43% más de préstamos que en idéntico periodo del año anterior (de 3.963 a 5.705). Y todo ello a pesar de que el Euribor campaba en octubre muy por encima del resto del año. Claro que quizá se trate de trámites hipotecarios residuales de operaciones anteriores, por lo que la crisis del ladrillo no habría llegado aún a los comerciales, a los bancos y a las notarías.

Para explicar el desastre, los sindicatos han puesto el acento en una práctica habitual por parte de los empresarios del sector. Y es que camuflan las vacaciones de sus plantillas en Navidad a través de despidos temporales para que sea la Seguridad Social quien corra con dichos costes. De ahí que, ante ese número importante de altas y bajas fraudulentas, la UGT de Cádiz haya reclamado mayor vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo. Sin embargo, este diagnóstico es aplicable a todos los años y no sólo a este: en diciembre de 2006 se perdieron 1.000 empleos en el sector, esto es, la mitad de los que se han acabado en 2007.

Estos índices, por supuesto, afectan menos a la capital donde la construcción es simplemente raquítica y de hecho todavía se recuerda cuando los trabajos del soterramiento atrajeron hasta la trimilenaria a numerosas cuadrillas de sidonios.

Y todo ello a pesar de la demanda existente en la ciudad, por mucho que la concentración del viernes a favor de una vivienda digna no arrastrasen multitudes hacia las pancartas callejeras.

Frente a todo ello, no cabe declarar como empresarios del año al clan barbateño de los antones o a cualquiera otro que protagonizara la economía gaditana del hampa, sino darle cuerda al reloj antes de que la crisis virtual siga convirtiéndose en contante y sonante. Para ello, tendría que ponerse en práctica en el menor lapso posible el Pacto por la Vivienda auspiciado desde la Junta de Andalucía. Pero más allá del casco y del palaustre, otros sectores económicos también muerden el polvo del desempleo gaditano. Ahora no es mal momento, por cierto, para comprobar si sirven de algo las Atipes (Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo), que radican en torno a tres territorios: el de Jerez y el de la Bahía de Cádiz, en primer lugar, junto con el Campo de Gibraltar y el del Bajo Guadalquivir que, afectos administrativos, se comparte con la provincia de Sevilla. En los últimos meses, la Junta de Andalucía ha incrementado las subvenciones para el fomento del empleo, con ayudas de hasta 9.000 euros por cada contrato indefinido que realicen a una mujer, joven, parado de larga duración y otros grupos especialmente sensibles. En los dos primeros epígrafes, parece que el esfuerzo ha arrojado algún fruto, pero pocos logros cabe atribuir a los fondos públicos que priman con 6.000 euros la transformación de un contrato temporal en indefinido o las nuevas contrataciones con carácter fijo-discontinuo. El Gobierno andaluz ha hecho lo que tenía que hacer en esta materia. Lo de libro. Lo normal. Pero mucho me temo que ahora le tocará hacer milagros.