España debe afrontar su primera decisión en 2009
España dispone de ocho reactores que en 2006 produjeron una quinta parte de la electricidad consumida. En realidad, dos de ellas, Zorita y Vandellós II, están en fase de desmantelamiento. Tan sólo por detrás de Austria, Grecia y Chipre, nuestro país ocupa el cuarto lugar entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea en rechazo al uso de la energía nuclear, si bien una parte considerable de estos no pide expresamente su eliminación, sino que se conformaría con una disminución «importante» en su utilización.
Actualizado: GuardarEl PSOE incluía en su programa electoral la promesa de no abrir más centrales de este tipo y reducir de manera progresiva su contribución, procediendo a su cierre cuando cumplieran 40 años de vida (en la mayoría de los países europeos, este periodo de vigencia suele alargarse hasta los 60 años). El mes pasado, José Luis Rodríguez Zapatero anunció la presentación de un plan de reducción de la energía nuclear para antes del final de la legislatura (los comicios serán en marzo), que todavía está por llegar. El presidente del Gobierno dijo entonces que, si bien no era un «fundamentalista» en esta materia, la actividad nuclear no era la «alternativa a los problemas y los retos energéticos». No obstante, tuvo que precisar que su posición era «independiente» de la apuesta española por el proyecto internacional ITER, que prevé la puesta en marcha del mayor reactor experimental de fusión nuclear en 2016,
Lo cierto es que el Ejecutivo cuenta con la baza de que las centrales actualmente en activo, salvo Santa María de Garoña, en Burgos, la más veterana y pequeña, no van a cumplir su vida útil de 40 años hasta pasado el 2020, con lo que no hay demasiada prisa para tomar medidas. La decisión más inmediata que debe afrontar es en 2009 -si sigue en el poder tras las elecciones-, cuando vence el permiso de funcionamiento de la planta de Garoña, propiedad de Nuclenor y compartida por Iberdrola y Endesa.
El Consejo de Seguridad Nacional deberá analizar si puede seguir operativa otros diez años más. Pero, aunque su respuesta sea positiva, el Gobierno está capacitado para cerrarla. «Es un coste asumible si a cambio se obtienen apoyos para proyectos urgentes como la construcción del almacén centralizado de residuos radiactivos», anunció en su día por boca de la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.
