Tráfico: ¿éxito o fracaso?

Carece de sentido regatear méritos a los impulsores de las medidas que han permitido esta drástica rebaja de la siniestralidad, pero sin duda el balance puede hacerse desde otro punto de vista: puesto que se ha establecido un gigantesco sistema de vigilancia sobre el tráfico, acompañado por la penalización exorbitante de las conductas supuestamente peligrosas, lo realmente extraño es que el descenso del número de muertes haya sido tan leve. Cuando unas conductas más o menos heterodoxas comienzan a ser sancionadas con penas graves -y la de cárcel lo es-, lo lógico es que aquéllas cesen por completo, o casi por completo.

Y llego adónde quería: lo que la Dirección General de Tráfico ha hecho hasta ahora ha sido actuar sobre uno solo de los factores de riesgo, la actitud de los conductores, como si fueran ellos, verdaderos criminales de la carretera, los únicos responsables de la siniestralidad. Y el resultado está bien a la vista: se ha conseguido pasar de algo más de 3.000 muertes al año a algo menos de 3.000 muertes al año. Y ello, tras instaurar el carné por puntos, llenar la red viaria de radares -en la mayoría de los casos con exclusiva finalidad recaudatoria ya que su influencia sobre la seguridad del tramo es nula- y reformar al código penal para endurecer la sanción a los infractores de los reglamentos del tráfico. Con la particularidad de que la reducción que acaba de conseguirse puede cambiar de signo nuevamente en cuanto cese o se relaje la presión sobre los aterrorizados conductores (algún día habrá además que analizar con rigor científico el efecto de una presión excesiva sobre el ánimo de quien va al volante, tenso y rígido por la colosal amenaza que se cierne sobre su cabeza).

En definitiva, se ha actuado sobre uno de los factores de la siniestralidad -probablemente el más importante, ciertamente, aunque también el más voluble- pero se han omitido todos los demás de forma llamativa, chirriante. El RACE acaba de publicar su catálogo anual de «puntos negros» y de constatar que los más peligrosos del país -encabezados por un tramo de la carretera que une Alicante con Murcia- continúan a la cabeza del ranking desde hace varios años sin que nadie se inmute. La señalización de las vías sigue siendo caótica e inverosímil, lo cual, dada la magnitud de las sanciones que pueden recaer sobre quien infrinja lo ordenado por tales indicadores, genera una preocupante inseguridad jurídica. Y no sólo no se avanza en la modernización del parque móvil sino que acaba de eliminarse el Plan Prever, que facilitaba la renovación de los automóviles más antiguos (el 35% de los coches que circulan por nuestras carreteras tiene más de diez años).

Se ha ido, pues, a lo fácil, a la criminalización del ciudadano, al recorte de libertades y a la legiferación exorbitante, y se ha obviado todo lo demás, que requería esfuerzo, imaginación, planificación e inversión. Nuevamente, el problema de las muertes en carretera -tres mil al año todavía, una cantidad absurda e insoportable- ha sido abordado con frivolidad, inexperiencia y falta de profesionalidad. De nuevo se ha recurrido a la demagógica pirueta de atribuir a la mala cabeza de los usuarios de las vías -supuestamente los mismos que con tanto tino administramos participativamente el régimen democrático- toda la culpa de un desastre que tiene muchos padres y que resume las chapucerías e incapacidades de unas administraciones públicas que nunca han sabido en realidad gestionar los aspectos más vitales de nuestras redes de transporte.