Las FARC dinamitan la esperanza

Cuando el mundo entero esperaba la liberación de Clara Rojas, su hijo Emmanuel y Consuelo González, una carta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dirigida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunciaba la suspensión de la entrega y culpaba del fracaso al Gobierno de Colombia por mantener «intensas operaciones militares». El presidente Álvaro Uribe rechazó ese argumento y reveló que la liberación se frustró porque las FARC no tienen al niño en su poder. De hecho, el pequeño habría sido acogido en 2005 en una institución estatal. Además, Uribe ofreció la creación de un corredor desmilitarizado para la entrega de los secuestrados.

Paralelamente, y en medio de nuevas divergencias entre ambos mandatarios, los delegados internacionales de siete países, agrupados por Cruz Roja Internacional, regresaron a sus lugares de origen con las manos vacías, pero con la esperanza de que en una fecha cercana se darán todas las garantías para concretar la primera liberación unilateral e importante ofrecida por la guerrilla comunista.

Sin embargo, Cruz Roja permanecerá en Villavicencio, lugar previsto para la liberación. También los aviones venezolanos. «Seguimos, a menos que Colombia nos eche de su territorio o nos niegue el permiso», dijo Chávez.

Las FARC anunciaron el 18 de diciembre la liberación del niño y de las dos mujeres capturadas en 2001 y 2002. Familiares y otros muchos colombianos se congratularon. Y el pasado viernes, arrancó la 'Operación Emmanuel'. Helicópteros, aviones y comisionados internacionales fueron llegando a Villavicencio, a la espera de que las FARC fijaran unas 'coordenadas', lo que finalmente no se produjo.

El lunes, Chávez vertió un jarro de agua fría en forma de misiva fechada en «las montañas de Colombia» que atribuía la demora en la entrega a los combates y en que así «se ponía en grave riesgo la vida de las personas a liberar, del resto de prisioneros de guerra y de los mismos guerrilleros designados para cumplir la misión».

No obstante, el líder bolivariano insistió en que su plan seguirá adelante. «Lo que puede cambiar es la modalidad. El operativo que se ha desarrollado puede variar o convertirse en opciones clandestinas, que son sumamente arriesgadas». Además, Chávez denunció a su colega colombiano por dinamitar su plan porque «no respondió a la solicitud de cese el fuego», que opinó debía haberse extendido unos 500 kilómetros ya que no se conocía con exactitud dónde iba a realizarse la entrega, y por lanzar a hipótesis de que el niño está en Bogotá.

Pero reconoció que si esa tesis fuera cierta «entonces sabríamos que está bien, que está vivo». Y dudando, añadió, que en ese caso «quedarían muy mal las FARC ante el mundo, porque se evidenciaría que todo es una gran mentira, una manipulación». Uribe rechazó de inmediato la versión de que hubo un despliegue militar. «Desconocemos el área (de entrega), tenemos la noción general de la geografía... (y) no ha habido combates», aseguró. «El grupo terrorista no tiene disculpas» por la demora.«Quieren engañar a la comunidad internacional... Mienten», señaló.

Desconfianza

El gobernante se desplazó el lunes a Villavicencio, conversó con los garantes y ofreció una larga rueda de prensa en la que dio algunos detalles de su desconfianza hacia la guerrilla al tiempo que lanzó la hipótesis de que las FARC no habían podido cumplir no por el Gobierno, que aseguró había respondido a todas las peticiones formuladas desde Caracas, sino porque les faltaba uno de los rehenes, el niño.

Tras el fracaso del rescate de Rojas, González y Emmanuel, las críticas se dispararon. A juicio del ex presidente Ernesto Samper los hechos demuestran que «tanto las FARC como el Gobierno buscan sacar dividendos políticos» con el drama de los secuestrados.

La guerrilla mantiene en su poder a 45 'canjeables', entre ellos la ex candidata francocolombiana a la presidencia Ingrid Betancourt, de quien Rojas fue asistente y aspirante a vicepresidente, además de suboficiales del Ejército y policías, así como tres contratistas estadounidenses. Algunos llevan más de diez años en cautividad. Pretende cambiarlos por unos 500 rebeldes presos. Pero sobre todo intenta ser reconocida por Bogotá como actor político y no como grupo terrorista, como sostienen EE UU y la UE.