Los jueces podrán asignar escoltas privados a mujeres maltratadas en casos de riesgo

Los escoltas privados podrán proteger a mujeres víctimas de maltrato que se encuentren en grave situación de riesgo, asumiendo una labor que corresponde, según las circunstancias, a la Policía Nacional, policías autonómicas y municipales. Será «en casos excepcionales», cuando lo considere oportuno el juez encargado del caso y siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la propuesta, que elevará a la próxima reunión de la Comisión Nacional de Policía Judicial, donde debe ser acordado este punto. La iniciativa arranca de la constatación de que en muchos lugares faltan efectivos policiales para cumplir con las órdenes judiciales de escolta para las víctimas de violencia de género más expuestas a situaciones de peligro. Existen además precedentes del uso de escoltas de seguridad privada para estas funciones, como ocurre en el País Vasco, donde la seguridad y protección de estas mujeres les ha sido asignada.

A la vista de estas circunstancias, la Asociación Española de Escoltas dirigió a la Comisión Nacional de Policía Judicial la propuesta que, de manera previa, ha recibido el visto bueno del CGPJ. La normativa sobre seguridad privada permite a los escoltas realizar labores que «excepcionalmente podrían atender a las finalidades que buscan las órdenes de protección», como el acompañamiento, la defensa y la protección de personas que no sean cargo públicos para evitar «que sean objeto de agresiones o actos delictivos», recuerda el CGPJ.

El texto del acuerdo subraya, además, que de este modo, incorpora a los cuerpos de seguridad privados a la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no alcancen a cubrir todas las necesidades en esta cuestión.

Opinión

Para la consejera andaluza de Justicia, María José López, esta posibilidad de asignar una escolta privada a mujeres víctimas de violencia machista «tendrá que estar muy determinada y muy regularizada por el juez que así lo dictamine, y sobre todo muy en colaboración y en coordinación» con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Según la consejera, será la autoridad judicial la que «tendrá que especificar, en cada momento, en cada caso y en cada situación, quién es el que aborda el gasto».