La Fiscalía pide a Garzón que se convierta en el garante de la ilegalización de Batasuna
Le insta a impedir los actos del partido proscrito, aunque en esa fecha concluya la suspensión judicial de sus actividades El magistrado tendrá como única arma el auto del Supremo
Actualizado: GuardarLa Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha pedido a Baltasar Garzón que se convierta en la práctica en el garante de que la ilegalización de Batasuna, acordada el 27 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo en aplicación de la ley de Partidos, se cumpla a rajatabla y en todas las situaciones previstas por el fallo judicial.
La proscripción total del partido por la Sala Especial del Supremo, después de siete meses de proceso de ilegalización, no llevó aparejado un control real sobre la ejecución de lo dispuesto en la sentencia y Batasuna, de hecho ya fuera de la ley, actuó durante meses casi con total libertad y celebró reuniones, debates, manifestaciones, mítines y otros actos sin impedimentos.
Cautelar
La situación se mantuvo hasta que la Audiencia Nacional, dentro del sumario que instruye el Juzgado Central 5 contra casi 50 veteranos dirigentes del frente institucional de ETA, reiteró la suspensión penal de todas las actividades de la formación. Esta medida cautelar permitió a Garzón -y a Fernando Grande-Marlaska en los meses que le sustituyó- ordenar a las fuerzas de Seguridad que le alertasen ante cualquier intento de actuación de Batasuna, para así dictar las medidas precisas para prohibirlo e incluso para detener a los responsables de la formación si se estimaba necesario.
El resultado de la aplicación del auto de suspensión de actividades ha sido la proscripción de varios mítines, concentraciones y manifestaciones impulsadas por Batasuna, la práctica desaparición de sus símbolos, lemas y logotipos de los actos públicos, su enorme dificultad para celebrar reuniones orgánicas clandestinas, y el encarcelamiento de 24 de sus actuales dirigentes por violar la prohibición. El próximo 17 de enero concluyen los cinco años de suspensión judicial.
El instrumento legal ya no puede volver a utilizarse por haber superado el tiempo máximo de aplicación previsto en el Código Penal, pero, según la Fiscalía, nada tiene por qué cambiar en la actuación de la Audiencia Nacional hacia Batasuna.
Disolución
El departamento dirigido por Javier Zaragoza dice que la suspensión de actividades en la causa penal está garantizada por la propia sentencia firme del Supremo que declara la ilegalidad del partido, su disolución y la prohibición de su participación.
La Fiscalía ha comunicado a Garzón que, en síntesis, puede seguir actuando en este asunto exactamente igual que hasta ahora, con la única diferencia que las medidas que ordene contra Batasuna ya no se sustentarán sobre su auto de suspensión de actividades penal, sino sobre la violación de lo acordado por el Tribunal Supremo.
Si el juez asume las tesis de la Fiscalía, el 17 de enero no será un freno al cerco policial a las actividades de Batasuna e, incluso, a la detención de parte de los 15 miembros de la Mesa Nacional que quedan en libertad si incurren en reiteraciones delictivas.
