La creación de un juzgado de violencia de género en Cádiz está parada por falta de casos

La apertura en Jerez del segundo juzgado de violencia de género en Cádiz, con competencias exclusivas en esta materia, ha puesto de manifiesto la situación judicial tan complicada que presenta la provincia gaditana; la cual ha sido dotada ya de dos órganos de estas características (el primero se abrió en Algeciras), pero ninguno ha recaído en la capital.

A principios de año, la consejera de Justicia, María José López, expresaba la intención de que en la ciudad de Cádiz se ubique el tercer juzgado, pero esto requiere de una auténtica maniobra jurídica, que a día de hoy mantiene paralizada la creación del nuevo órgano. Es más, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no existe previsión de aprobar este juzgado por ahora, máxime cuando la actual legislatura toca a su fin.

El gran escollo que impide a la capital tener la misma consideración que han tenido Jerez y Algeciras es que el número de asuntos relacionados con la violencia en el ámbito familiar que se tramitan anualmente en la capital, está por debajo del volumen mínimo de actividad que el CGPJ fijó como carga de trabajo suficiente (1.200 diligencias previas ó 650 de carácter urgente) para dictar un informe favorable.

La consejera López dio la clave en enero pasado cuando aportó las cifras medias de asuntos que los tres principales partidos judiciales de la provincia gestionan anualmente. En Algeciras ingresan unos 1.200 asuntos, Jerez 2.050 y en Cádiz, sumando los casos que llegaban a San Fernando y El Puerto, está en torno a los 642. Es decir, que si se computa sólo los procedimientos que se resuelven en la capital, ésta presenta un volumen de trabajo muy por debajo de los mínimos recomendados por el CGPJ.

Fuera del reparto

La progresiva pérdida de población que está sufriendo Cádiz por la falta de suelo libre, que aboca a los ciudadanos a buscar vivienda en otros municipios de la Bahía, está siendo determinante para que la capital se haya quedado fuera de los primeros repartos nacionales de juzgados exclusivos de violencia doméstica.

En España ya hay 82 órganos de estas características en funcionamiento. Todas la capitales andaluzas ya cuentan con uno de los instrumentos básicos que se incluían en la Ley Integral para erradicar esta lacra social, a excepción de Cádiz, que con un baremo objetivo como es el número de diligencias, no llega al mínimo exigido.

La Consejería vio en una ampliación de la competencia territorial, que debería tener el futuro juzgado de la capital, la solución a este gran obstáculo. La idea es que ese órgano asumiera los casos de partidos judiciales vecinos como El Puerto y San Fernando para que la suma total de diligencias diera la ansiada cifra. Pero esta maniobra, confirmada por la consejera, requiere de una reforma de la ley de demarcación y planta judiciales; o que el Consejo General rebaje el listón del número de asuntos. Toda una operación jurídica que mantiene estancado el demandado juzgado para la capital.

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