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Preocupantes aumento de los casos de maltrato de menores a sus padres
El Juzgado de Jerez ha registrado un total de 46 expedientes durante los primeros diez meses del año Las chicas se sitúan a la cabeza de las agresiones
Actualizado: GuardarSi a principios de mes este periódico alertaba de la proliferación de bandas de niños acomodados que se dedican a grabar palizas y otros delitos con sus teléfonos móviles, en esta ocasión los menores vuelven a convertirse en desagradables protagonistas por el alarmante aumento de los casos de maltrato familiar que presentan como agresores a los propios hijos. De hecho, el Juzgado de Menores de Jerez ha tramitado desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre del presente año nada menos que 46 expedientes relacionados con la violencia en el seno de la familia, según los datos que el magistrado José Miguel Martínez puso de relieve durante una conferencia organizada por el Ateneo.
«Ahora está muy de moda el maltrato hacia los mayores -subraya- . Aquí también tenemos nuestra cuota de maltratadores, y, mientras que en términos generales las menores infractoras son menos que los chicos, en la violencia doméstica ellas destacan». Se trata de una información reveladora que el juez sustenta con ejemplos reales, resaltando el caso de una joven que durante seis meses ha maltratado de forma sistemática a su madre, por razones tan increíbles como la prohibición de hablar por el teléfono móvil debido a un exceso de gasto.
Son unos problemas basados en la falta de respeto hacia los padres, derivado, según Martínez, de que «hemos pasado de una familia autoritaria a una negligente o superprotectora, cuando se debería haber pasado a la familia democrática, con un control y un afecto equilibrado». Este nuevo modelo se caracteriza por la ocupación sistemática del niño con actividades extraescolares diversas, de tal forma que cuando llega a casa lo único que le queda es irse a la cama o «ponerse delante del ordenador para que no moleste y dedicarse a chatear con lo que ello conlleva». Los menores que se crían en estos ambientes tienen la sensación de campar a sus anchas y la certeza de que no sufrirán represalias por su conducta. «Tienen que ser conscientes de que han de pagar un precio por infringir las normas y hay que advertirles de ello. Además, los centros de internamiento son diferentes a las cárceles, donde la reeducación es relativa».
Otra de las realidades que más ha llamado la atención del profesional en este sentido es «la impresión de que los chicos son huérfanos de padre». Tanto es así que cuenta cómo en una sola mañana tienen lugar nueve juicios en los que se imputa a menores y no se presentan en ninguno de los casos acompañados de su progenitor masculino. Es una problemática que, a su juicio, afrontan las madres muchas veces en solitario o con la presencia de un padre ausente que prioriza su trabajo por encima de otros asuntos familiares.
«En el caso de la chica que maltrataba sistemáticamente a su madre, el padre no aparecía para nada, y la niña aparte de las agresiones rompió televisiones y muebles, y sólo porque la dejaron sin móvil».
Aunque la situación parece cuanto menos preocupante, el magistrado dejó claro durante su conferencia que «no debemos rasgarnos las vestiduras pensando que los padres y madres nos hemos dedicado durante años a decirles que hay que ser competitivos y fomentar el individualismo». Unas familias que se alejan de esta forma de los valores de solidaridad y tolerancia que deberían fomentarse y cuyo ejemplo en ocasiones dista mucho de resultar constructivo.
Una vez que los jueces intervienen y se ponen manos a la obra, vuelven a multiplicarse las dificultades, pues se topan con barreras que en ocasiones no pueden sortear. De hecho, según Martínez, durante este año se han quedado nada menos que 50 medidas prescritas en relación a los trabajos para la comunidad que se imponen y que no pueden llevarse a cabo por obstáculos de carácter burocrático. «Hay muchas medidas que se imponen y no se cumplen, porque la Junta de Andalucía se ha mostrado incapaz, lo que da mayor sensación de impunidad», asegura.
La solución a este problema, por tanto, pasa por la actuación de los agentes sociales, familiares e institucionales. Y es que muchas veces la justicia, como da a entender el magistrado, no es suficiente si no va acompañada de un esfuerzo general para su aplicación y, sobre todo, de medidas preventivas para los más pequeños.