El atentado de Omagh queda sin castigo

Sean Hoey, el único acusado por la mayor atrocidad cometida en el conflicto de Irlanda del Norte -la bomba que el 15 de agosto de 1998 mató en Omagh a veintinueve personas, incluidos los españoles Fernando Blasco, de 12 años, y Rocío Abad, de 23,- fue absuelto ayer por un tribunal de Belfast de todos los cargos en su contra. Durante 56 vistas a lo largo de diez meses, un juez -no hay jurado en casos de terrorismo en Ulster- ha estudiado las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Corona contra Hoey, de 37 años, contra el que se presentaron también 56 cargos.

El atentado, mediante la explosión de un coche bomba en la calle mayor de la localidad norirlandesa, en un día festivo y de mercado, que atrajo entre otros a una excursión de niños españoles que estudiaban inglés en la localidad vecina de Buncrana, ubicada en la República de Irlanda, fue reivindicado por el IRA Auténtico.

El grupo se acababa de formar, como una escisión del IRA de Gerry Adams, porque sus promotores no estaban de acuerdo con el proceso de paz. Habían intentado perpetrar otros ataques con coches bomba, pero la Policía había sido eficaz en evitar las explosiones. Pero no lo fue en la persecución de los autores de la masacre. Hoey se sentó en el banquillo de acusados nueve años después del atentado, y los cargos contra él se basaban en una investigación de alta tecnología.

Los temporizadores de las bombas que había plantado el IRA Auténtico, incluida la de Omagh, eran muy similares. Podrían ser obra de la misma persona. Fibras obtenidas en una caravana que Hoey utilizaba, junto a su casa, estaban asociadas a otras obtenidas en los artefactos explosivos.

Y una nueva técnica de ADN -de baja copia, que permite la extracción de datos en base a muestras muy pequeñas- asociaba también a Hoey. Así se completaba el triángulo de pruebas que presentaban al acusado como el fabricante de los temporizadores de las bombas del IRA Auténtico.

Pero, ayer, un pormenorizado análisis de las pruebas por el juez Reggie Weir, concluyó que en ninguno de los tres casos se ofrecen conclusiones que demuestren la culpabilidad del acusado. El magistrado afirma en su resolución que no es seguro que los temporizadores fuesen fabricados por la misma persona. Pudieron hacerse siguiendo instrucciones comunes y contenían materiales que no eran singulares.

Las fibras en la caravana pudieron estar allí antes de que Hoey la comprase, cinco años después del atentado, y tampoco ofrecen una conexión irrefutable con el acusado. Weir es particularmente duro con las pruebas de ADN. Los procedimientos para guardar las pruebas en los depósitos de la Policía o del laboratorio forense no fueron rigurosos. Pudieron ser contaminadas y, además, se convirtieran en pieza de la acusación en un ejercicio no de acaparar rastros sino ya destinado a la inculpación de Hoey.

Weir concluye que «la justicia, de acuerdo con la ley, exige pruebas adecuadas». Y prosigue: «Eso no significa pruebas que pueden ser verdaderas o que, en un grado considerable, pueden ser verdaderas, sino pruebas que son tan convincentes sobre su verdad y tan claramente fiables que alcanzan un nivel más allá de la duda razonable».

El magistrado remitirá un informe crítico con la investigación a la oficina del Ombudsman de la Policía, que, ya en el año 2001, emitió un documento en el que señalaba a fallos de coordinación de los responsables de inteligencia y de gestión de infiltrados en el grupo terrorista -en el norte y en el sur de Irlanda- como una de la razones por las que que la bomba explotó.