Prisión para dos psiquiatras y libertad con fianza para cuatro ginecólogos de las clínicas abortistas

La juez que investiga el caso de los supuestos abortos ilegales en clínicas de Barcelona ha enviado hoy a prisión a dos psiquiatras acusados de falsificar informes, con lo que ya son cinco los médicos encarcelados por su presunta participación en la trama dirigida por el doctor Carlos Morín.

Mientras tanto, este caso sigue despertando un encrespado debate social, ya que mientras las plataformas abortistas han denunciado hoy que están sometidas a un acoso judicial «fascista», la organización e-cristians ha exigido que el aborto se lleve a cabo sólo en centros públicos.

Tras tomar declaración durante todo el día de ayer y hasta las 8.00 horas de ayer a los últimos siete detenidos, la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, ha decretado esta mañana la prisión sin fianza para los dos psiquiatras, Pasqual Javier R. M. y Fernando Javier C. V., a quienes imputa los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

Estos dos psiquiatras fueron detenidos el pasado lunes junto a otros dos anestesistas, Ester S. R., y Agustín C. F., para quienes la juez ha decretado una prisión eludible bajo fianza de 4.000 euros.

La juez también ha fijado una fianza de 4.000 euros para dos ginecólogos detenidos el lunes, Antonio R. R. y Ramón T. H., mientras que ha puesto en libertad sin fianza al tercer ginecólogo arrestado, Tomás P. P., que es vocal de la sección de Tocoginecólogos del Colegio de Médicos de Barcelona y deberá comparecer cada semana en el juzgado.

Los dos anestesistas están acusados de firmar informes falsos sobre su presencia en algunas prácticas abortistas , mientras que los ginecólogos suscribían presuntamente, sin visitar a la paciente, el segundo informe preceptivo para interrumpir un embarazo cuando éste está en una fase muy avanzada.

Debate

El debate generado por esta actuación judicial ha llevado hoy a las principales plataformas abortistas de Cataluña a denunciar el acoso policial y judicial al que dicen verse sometidas y a arremeter contra la prensa, al estimar que no ha informado correctamente del proceso.

Estas plataformas han pedido el derecho al aborto libre y gratuito y que la nueva ley del aborto establezca un plazo de 24 semanas para abortar por decisión libre y voluntaria de la mujer, así como que a partir de las 24 semanas se pueda abortar por indicación médica.

En el polo opuesto, la organización católica e-Cristians, una de las promotoras de la actuación contra Morín, ha reclamado que los abortos sólo se puedan producir en centros públicos, ya que cree que esta es la única garantía de que se cumpla la ley.

Esta trama dedicada supuestamente a la práctica de abortos ilegales, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa y se investigó en España tras una querella presentada por e-cristians.

De los seis detenidos en la primera fase de la operación, la juez decretó el pasado 30 de noviembre prisión para Morín, su esposa, María Luisa D. S., y para María Virtudes S. V., trabajadora de una de las clínicas del grupo y estrecha colaboradora del principal imputado.

En cambio, los otros tres acusados en la primera fase, los médicos Dimas A. C., Pedro Juan L. A. y Marcial R., eludieron la cárcel tras depositar una fianza de entre 2.000 y 4.000 euros, pese a que la Fiscalía también pidió prisión incondicional para ellos.