La OCM del vino sale adelante y da respuesta a las reivindicaciones del Marco de Jerez

Tras tres jornadas maratonianas de intensas negociaciones, los ministros de Agricultura de los Veintisiete países de la UE lograron ayer cerrar un acuerdo en torno a la Organización Común del Mercado (OCM) del vino con una reforma que flexibiliza en bastantes aspectos el primer texto que se presentó hace ya año y medio y que desagradó profundamente al Marco de Jerez, sobre todo por su pretensión de prohibir las ayudas a la destilación para uso de boca que es básica para la producción del brandy o el jerez.

En el documento que salió adelante ayer por «mayoría cualificada» el Ministerio español ha logrado corregir los aspectos que más preocupación causaban a los Consejos Reguladores del Vino y el Brandy, sobre todo porque la OCM permitirá mantener durante un plazo transitorio las ayudas actuales, ofrece un pago directo al viticultor y retrasa en gran medida la liberalización del cultivo de viñas en Europa.

Todas estas novedades se recogían en la propuesta que presentaron ayer la Comisión Europea y la presidencia de turno portuguesa, la segunda en tres días y que tras duras negociaciones se ha convertido en la definitiva. La misma comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, admitía que la reforma no es la que ella quería, aunque servirá para que progrese la producción de vino europea. Y es que el objetivo de la nueva regulación sigue siendo el mismo: fomentar la competitividad de los vinos europeos.

La reforma de la OCM, que la ministra española, Elena Espinosa, consideró «muy satisfactoria», mantiene los fondos para el sector pero modifica la forma de repartirlos: una parte para planes sociales que propicien el arranque en las zonas menos competitivas y otra para sobres nacionales que los Gobiernos repartirán según su criterio.

Precisamente, el aumento de la flexibilidad a la hora del uso de esas asignaciones ha sido una de las cesiones de la CE que han propiciado el acuerdo, porque introduce un pago novedoso para el viticultor y a la vez permite la continuidad, en un plazo de cuatro años, de subsidios a los que estaba acostumbrado el sector, como las ya mencionadas ayudas a la destilación con destino al mercado que utiliza el brandy.

Ésta ha sido una victoria para España, que ha logrado que a través de los sobres nacionales puedan otorgarse apoyos que en principio Bruselas quería suprimir.

En este caso específico, la UE ha decidido que las primas que ahora se otorgaban a los destiladores vayan a los productores que quieran destinar su vino a la fabricación de espirituosos. Pasados los cuatro años, los apoyos se convierten en el pago único por superficie que ya existe en otras OCM.

Menor liberalización

Por otra parte, la nueva normativa vitivinícola conserva durante 11 años el sistema actual de regulación del viñedo europeo, que restringe el cultivo a través de los llamados derechos de plantación, y cuya desaparición no era del agrado de ninguna de las denominaciones españolas. La UE ha acordado que tales derechos estén vigentes hasta 2015 y que incluso los países puedan atrasar la liberalización hasta final de 2018.

La OCM ha tenido hasta ahora un presupuesto de 1.268 millones anuales, que según la reforma podría ascender a 1.350 millones en 2015; España recibirá un 31% de esos fondos y seguirá siendo el primer perceptor, según la ministra de Agricultura.

La ministra aludió también a la nueva clasificación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, más simplificada. Además, la reforma da estatus de organizaciones interprofesionales a los consejos reguladores -lo que favorece a denominaciones como Jerez- y protege nombres tradicionales como el vino generoso y los de crianza, reserva y gran reserva.

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