Los guardias civiles sancionados por manifestarse recurrirán los expedientes
Los guardias civiles sancionados por participar en la manifestación del 20 de enero, en la que decenas de agentes uniformados de la Benemérita se concentraron en la plaza de España de Madrid para reivindicar más derechos, recurrirán los expedientes que ya han sido comunicados y llevados a la práctica. De los 21 agentes expedientados, tres son de Cádiz: Juan Antonio Delgado, Alberto Moya y José Encinas. Al primero, que ostenta el cargo de secretario de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), le han impuesto seis meses de suspensión de empleo y sueldo; mientras que a los otros dos se les ha retirado del servicio durante tres meses.
Actualizado: GuardarEstas sanciones pudieron ser más duras, según explicó ayer en rueda de prensa Delgado, quien desveló cómo el instructor había pedido la expulsión del Cuerpo Benemérito tanto para él como para Joan Miquel Perpinyá, que es el secretario general de la asociación.
Los agentes expedientados pretenden agotar todas las vías de recurso para conseguir que se anulen las sanciones; aunque éstas ya se están ejecutando. Los 21 guardias, a excepción de uno de ellos que aún no ha recibido la comunicación oficial, ya están sin trabajar.
Hasta Estrasburgo
La primera instancia a la que van a recurrir es al propio ministro de Defensa. Si rechaza el recurso, acudirán a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y si no obtienen la deseada anulación, elevarán sus apelaciones al Supremo, hasta llegar a «Estrasburgo si es necesario», indicaba ayer el secretario de comunicación y ex delegado por Cádiz de la AUGC.
En el encuentro con los periodistas, los tres agentes gaditanos que se encuentran eventualmente fuera del Cuerpo, mostraron el voluminoso expediente de 3.000 folios que han elaborado desde que se supo que su asistencia a la manifestación conllevaría algún tipo de sanción. «Si se suman los expedientes de los 21 guardias, estamos ante más de 20.000 folios. Ni en la investigación por la operación Estela hubo tanto papel. Se han gastado muchísimos recursos para llevar a cabo estas sanciones, en lugar de destinarlos para otros fines», decía Delgado, quien pese al expediente sostiene que «mereció la pena». Tras la manifestación, el Gobierno sacaba adelante dos leyes que suponen el reconocimiento al derecho de asociación de los guardias civiles y la eliminación del arresto como sanción disciplinaria, entre otros puntos.
