La supresión, una «catástrofe para la cultura»
Llega tarde pero bienvenida sea. Así reciben las entidades de gestión de derechos de autor -SGAE, AISGE, DAMA Y CEDRO- la propuesta de los ministerios de Industria y Cultura sobre las tarifas para aplicar a grabadoras, soportes USB y móviles, entre otros aparatos. Fuentes de la SGAE «lamentan» el retraso, pues la ley debería haber sido aprobada la pasada primavera según los plazos legales, y estiman que «aún es pronto para saber si las tarifas están bien o mal valoradas».
Actualizado: GuardarMagdalena Vinent, directora general de CEDRO, que agrupa a editores, escritores y periodistas, explica que el «canon no pretende criminalizar a los ciudadanos haciéndoles sospechosos de piratería. Es al revés. Permite el derecho a la copia privada para que la cultura pueda llegar a cualquier sitio. Si no hay canon, se dejaría la copia al margen de la legalidad». Vinent entiende que el dinero que se recauda para autores y editores es «parte de la explotación» de la obra. «Y a todo el mundo le gusta cobrar por su trabajo», añade.
Las entidades de gestión presentaron ayer un manifiesto en el que se dice que la supresión del canon «representaría una catástrofe para la cultura española y su industria de contenidos». «La compensación por copia privada protege el derecho de la propiedad intelectual más progresista, el que pone en manos de los ciudadanos la posibilidad legal de disfrutar, en el ámbito doméstico, miles de obras y creaciones intelectuales sin autorización previa», añade.
Contraria a la UE
El manifiesto, que alerta sobre la destrucción de empleo en el sector cultural si se aprueba la supresión, fue presentado ayer por el escritor Lorenzo Silva, los actores José Coronado y Juan Luis Galiardo y la compositora e intérprete Carmen Linares, entre otros. A él se sumaron editoriales como Anaya, Anagrama, Planeta, Santillana y Tusquets, y autores como Luis Landero, Juan José Millás, Rafael Azcona, Antonio Gamoneda Juan Manuel de Prada y Fernando Savater.
Pedro Farré, director de la Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores, tachó la posición del PP a favor de la supresión de «electoralista». «Se aparta de la política general de los países de la UE y, lo que es más grave, es contraria las directivas comunitarias. El PP olvida que la cultura es también una industria».