Editorial

Reprobable

La reprobación por la mayoría del Senado de la gestión realizada por la ministra de Fomento Magdalena Álvarez se convirtió ayer en un acto más de identificación del Gobierno como responsable último del cúmulo de perjuicios, imprevisiones, accidentes y evasivas que viene rodeando la llegada del AVE a Barcelona. El resultado de la votación, que situó al PP como única formación que secundó su propia iniciativa y reflejó cómo quienes habían formulado una petición análoga en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados optaban por la abstención, no debería ser despachado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero como una mera manifestación de la perseverancia opositora del partido de Rajoy. Porque, aunque al centrar todas las culpas en la figura de la titular de Fomento se realiza un juicio poco ecuánime y sesgado de las causas y responsabilidades que han desembocado en la crisis de infraestructuras que arrastra Cataluña, tampoco el Gobierno actual puede eludir la parte que le corresponde en una gestión que hubiese recibido una crítica atenuada por las circunstancias si desde un primer momento el Ejecutivo y la propia Magdalena Álvarez se hubiesen conducido con más celeridad y transparencia y con menos altanería.

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La reprobación parlamentaria de un ministro no tiene alcance jurídico alguno y, en las semanas finales de la legislatura, en pleno clima preelectoral, es más que dudoso que lleve al Presidente de Gobierno a optar por una destitución. Pero lo verdaderamente reprobable del caso sería que el debate sobre las responsabilidades que concurren tanto en el déficit de infraestructuras catalanas como en la imposibilidad evidenciada para cumplir los plazos en las obras del AVE acabe sentando el precedente de la inhibición general, por la que los sucesivos gobiernos del Estado y de la Generalitat, así como las propias autoridades locales, acaben poco menos que desentendiéndose de un problema general al que ahora amenaza con unirse la falta de agua. Pasado el trámite de las reprobaciones formales en sede parlamentaria, resulta imprescindible que, aunque sea en medio de la campaña electoral, las distintas formaciones políticas que han tenido responsabilidades de gobierno en Madrid y Barcelona respondan con franca honestidad al grado de responsabilidad que les afecta en cuanto al desenlace y a los antecedentes del caso.