Ecologistas lleva a la Fiscalía a Gago, Hernán y Rodríguez por la apertura de un «macroprostíbulo»
El anterior equipo de Gobierno habría permitido la ampliación de la sala 'Oh Palace' «sin la documentación necesaria» El ex edil de Urbanismo afirma que había informes favorables
Actualizado:La gestión urbanística del anterior equipo de Gobierno vuelve a estar en manos de la Fiscalía. En esta ocasión por una denuncia que ayer mismo interpuso el colectivo de Ecologistas en Acción contra los ex alcaldes de Independientes Portuenses, Hernán Díaz Cortés y Fernando Gago, y contra el ex concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, así como contra «aquellos otros eventuales responsables que hayan podido participar en las obras y apertura ilegal de un macroprostíbulo», en referencia al club Oh! Palace. Así, el portavoz de Ecologistas, Juan Clavero, dejó claro ayer que «en todo este entramado saldrán salpicados incluso algunos técnicos del área de Urbanismo».
Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2006, cuando el colectivo conservacionista formuló una denuncia de oficio ante el Ayuntamiento por la realización de obras de ampliación de las instalaciones del hotel-sala de fiestas Oh! Palace, antiguo disco-pub Oh-Puerto, en un suelo considerado por el Plan General Municipal de Ordenación vigente como suelo urbanizable programado (actualmente urbanizable sectorizado), que forma parte de la unidad de ejecución PP-NO-4. Se preveía para su desarrollo la aprobación de un Plan Parcial que habría de gestionarse mediante el sistema de compensación.
Pero, según explica Clavero, «a pesar de que todas las obras eran ilegales, el anterior equipo de Gobierno jamás impuso una multa coercitiva (calculada en un 10% del valor total de la obra) ni obligó al propietario a derribar lo construido ilegalmente». Además, el portavoz de Ecologistas recuerda que «el mismo Juan Carlos Rodríguez mandó, en un principio, paralizar unas obras a las que, posteriormente, le notificó licencia de apertura».
Por todo ello, el colectivo solicitó, sin éxito, al Consistorio toda la información relativa a las obras, a la calificación del suelo y el informe municipal relativo a la inscripción de la ampliación del Oh-Puerto en la Consejería de Turismo y el relativo a la inscripción de su ampliación en el Registro de la Propiedad.
Con todo ello, Clavero considera que los hechos relatados son constitutivos de un «delito sobre la ordenación del territorio» previsto en el artículo 320 del Código Penal y «un delito de prevaricación», previsto en el artículo 404 y siguientes del Código Penal.
Por su parte, tanto el anterior edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, como el anterior alcalde, Hernán Díaz, se escudan en «los informes técnicos favorables», por los que están «tranquilos».
Rodríguez aseguró ayer que «en el momento que hay informes técnicos favorables el político tiene la obligación de firmar y actuar», postura que del mismo modo fue defendida por Díaz, que también insistió en que «el no firmar el decreto supondría incurrir en un delito». Además, el ex primer edil enfatizó que no conoce «en absoluto» a los dueños de establecimiento y desmintió «cualquier posible trato de favor en cuanto a concesión de licencias».
Por su parte, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, declaró ayer no sorprenderse de esta supuesta ilegalidad ya que «es un caso más como los muchos que nosotros ya hemos elevado a Fiscalía».
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