DESOLADOS. Manuel y Beatriz se lamentan de su situación.
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El final de la cuenta atrás en El Palmar

Manuel Altamirano, peluquero de Vejer y dueño de la próxima casa a derribar, se siente «impotente, apenas puedo dormir»

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A Manuel Altamirano le quedan muy pocos años para jubilarse, un momento clave en la vida en que uno se plantea dónde y de qué manera quiere pasar el resto de su vida. Y así se lo habían planteado Manuel y su esposa, Beatriz Pérez, hasta que el Ayuntamiento de Vejer denunció que este matrimonio había construido una casa ilegal en El Palmar. Desde ese momento, a este matrimonio, dueño de una peluquería en la calle Juan Relinque, la idea de pasar la vejez en su casita, de apenas 90 metros cuadrados, en El Palmar, se les ha tornado imposible. De hecho, serán los próximos en recibir las palas de la Junta de Andalucía.

La casa de Manuel está situada junto al carril de Guerrero, cerca de la que fue derribada el pasado mes y rodeada de multitud de viviendas, todas ellas en situación irregular. Ese es uno de los datos que más impotencia provoca en esta familia de Vejer.

Desde hace meses, Beatriz y su marido tienen problemas para conciliar el sueño, de la misma manera que sus dos hijas. «Habíamos puesto muchísima ilusión en esa casita, era nuestra manera de reunir a toda la familia, de mejorar la calidad de vida de mi padre, que tiene 80 años, y de mi hermana epiléptica, a la que acompaño a pasear por la playa porque le viene bien para su salud», comenta Beatriz. La sorpresa llegó cuando Manuel leyó un documento, fechado en el mes de mayo del presente año y firmado por el propio alcalde, Antonio Verdú, en el que se indica que su propiedad es susceptible de ser considerada urbanizable, «ya que se encuentra situada a escasos metros de la delimitación del PERI, en una zona denominada SAU 5, que entrará a formar parte de la ampliación del plan urbanístico». Pradójicamente, en ese documento se hace referencia a que estos vecinos han abonado el ICO y el IBI, una multa cercana a los 9.000 euros y, desde su construcción se han estado pagando los impuestos y servicios al consistorio.

Sin embargo, desde al Ayuntamiento se han mostrado inflexibles a la hora de considerar la ilegalidad de la vivienda. Según Beatriz, «el alcalde sólo me comentó que me resignara y que, una vez que se hiciera urbano, mi terreno iba a valer más dinero y podía hacerme otra casa, ésa es la explicación que nos ha dado, y que él no estaba ahí para solucionar nuestro problema. Yo no quiero otra casa, quiero la mía, no es nada del otro mundo, pero es donde mis hijas, mi padre, mi hermana y nosotros dos, estamos a gusto, tranquilos, pero ahora está todo perdido».

lajanda@lavozdigital.es