La oposición obliga a abrir una comisión para investigar el derribo de viviendas sociales

Los partidos de la oposición se han unido para obligar, dado que IU no tiene mayoría absoluta, a que se abra una investigación sobre el derribo de las conocidas como casas baratas. Éstas, casas de protección que estaban ubicadas en la esquina formada entre la calle Ángel y la calle Real, fueron desalojadas y derribadas a comienzos de 2006 como consecuencia de unas grietas aparecidas en las paredes de los inmuebles, coincidiendo con unas obras que se estaban realizando en una parcela contigua. La decisión del derribo fue tomada por el Gobierno local «sin que existiera en su momento informe técnico alguno que aconsejara tal actuación», según asegura la oposición.

El objetivo de la comisión es conocer exactamente qué produjo las grietas en las viviendas y, por qué aún no se han iniciado las obras de los nuevos hogares que deben realojar a las familias afectadas. La propuesta ha sido aprobada con carácter de urgente con el argumento de que las familias llevan dos años en viviendas provisionales de alquiler.

Los socialistas aseguran que tienen en poder un informe realizado por técnicos municipales que «considera innecesario que las casas se echen abajo, de ahí que consideremos importante investigar esta actuación» argumenta la portavoz socialista, Ana Mosquera.

Desde las filas socialistas se afirma que con esta comisión no «queremos iniciar una caza de brujas», sino conocer lo ocurrido, «dado que el equipo de Gobierno no ha facilitado ninguna información sobre el mismo, a pesar de que se le ha requerido en todos y cada uno de los plenos de esta legislatura».

El equipo de Gobierno (IU) recriminó al PSOE que la propuesta haya sido presentada por ser el hermano del alcalde el promotor de las viviendas aledañas. «Si hubiera sido otro, no estaríamos discutiendo esto», han manifestado. De esta forma, el equipo de Gobierno votó a favor de la propuesta ya «que en ningún caso tenemos nada que esconder», aseguró el primer teniente de alcalde, Antonio Noria.

Mosquera advierte que en el caso de existir irregularidades por parte de la constructora, «actuaremos en consecuencia».

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