Sólo el 14% de las personas que han pedido las ayudas de la Ley de Dependencia en la provincia las ha recibido ya

Siete meses después de que se iniciara el plazo para solicitar las ayudas recogidas en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya se han concedido las primeras prestaciones en la provincia de Cádiz. Son 1.748 las familias que han recibido esas ayudas hasta el 7 de diciembre, en forma de servicios sociales o de aportación económica, pero son sólo el 14,9% de las peticiones que se han recogido desde mayo en la Delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social (un total de 11.737). El resto de los expedientes aún están pendientes de ser valorados o de recibir la confirmación de que han sido aprobados.

Tal y como previó el Gobierno para el primer año de aplicación de la norma, las ayudas otorgadas hasta el momento corresponden a los casos más graves, tipificados como grandes dependientes, que necesitan el apoyo constante de otras personas para desarrollar las actividades básicas de la vida cotidiana debido a su falta total de autonomía. A partir de 2008 podrán recibir sus prestaciones los pacientes con dependencia severa y moderada.

Sin embargo, y pese a la lentitud del proceso, Cádiz está por encima de la media andaluza en cuanto al número de solicitudes presentadas (11.737 frente a las 9.375 de las otras provincias), así como en la cifra de dictámenes emitidos (8.355 frente a 5.625) y de prestaciones concedidas (1.748 frente a 1.250), según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. En total, a fecha del 30 de noviembre se habían otorgado en toda Andalucía unas 10.000 ayudas, de las 75.000 solicitudes que se habían presentado.

Entre las prestaciones concedidas están los servicios de teleasistencia, atención domiciliaria, en centros de día, de estancia nocturna o residencias, además de las prestaciones económicas, que oscilan entre los 480 y los 350 euros para los grandes dependientes, además del pago de la seguridad social a la persona encargada de los cuidados.

Seis meses de proceso

El procedimiento para que las familias con personas dependientes a su cargo accedan a estos servicios comienza en los ayuntamientos, que son los encargados de recoger las peticiones y derivarlas a las oficinas de Bienestar Social. Con el objetivo de evitar que la Delegación provincial se colapse por la avalancha de expedientes, los ayuntamientos se han encargado de informar a los interesados de que durante el primer año de aplicación de la Ley sólo los grandes dependientes podrían recibir las ayudas.

Una vez que la documentación llega a Bienestar Social, se encarga un informe al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que evalúa el estado físico y mental del paciente. Y, a partir de ese dossier, los 36 valoradores (trabajadores sociales y psicólogos contratados por la Delegación en toda la provincia) visitan a la familia para establecer finalmente el grado de dependencia de la persona afectada.

Con esa valoración, los servicios comunitarios elaboran un plan individual de atención en el que se recogen las necesidades de la persona y se detalla el tipo de prestaciones que requiere, ya sea asistencia en su vivienda, acogida en un centro de día o residencia, etc. El último paso consiste en que la delegada de Bienestar Social, Manuela Guntiñas, le dé el visto bueno, para que se ponga en marcha el plan de medidas.

El plazo máximo que debe transcurrir desde que se presenta la solicitud hasta que se lleva a cabo la valoración por los trabajadores sociales es de tres meses, y otros tres hasta que se aprueba el plan de atención. La intención de Bienestar Social es agilizar los trámites y que los valoradores emitan cuatro dictámenes al día para poder responder a la demanda.

Según anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en la capital gaditana el pasado 10 de diciembre, 30.000 personas en toda la provincia se podrán beneficiar de estas prestaciones, que se irán concediendo de forma escalonada. Las asociaciones de pacientes confían en que esta promesa no quede «sobre el papel» y tanto las personas dependientes como sus cuidadores reciban el impulso necesario para conseguir una mayor autonomía. La mayoría de los colectivos de autoayuda de Cádiz han informado a sus asociados sobre los requisitos para acceder a las ayudas descritas en la Ley y algunos incluso se están encargando de gestionar las solicitudes. «Queremos que la gente la solicite y que después sea la Administración la que evalúe cada caso, porque eso ya es positivo», indicó Silvia Monge, gerente de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de la provincia (Afemen).

Apoyo e información

En la Asociación de Personas con Daño Cerebral Adquirido (Adacca) se ha desarrollado un taller específico para informar a los familiares de cómo deben pedir las ayudas. Según expuso su directora, María Juan, son muchas las familias de pacientes con daño cerebral que han presentado sus solicitudes a la Delegación de Bienestar Social y algunas ya han recibido en sus domicilios la visita del trabajador social, pero de momento ningún expediente ha sido resuelto. «Creemos que es algo beneficioso y estamos deseando que se aplique», manifestó la representante de la organización.

Las personas con discapacidad física son potenciales beneficiarias. Desde la Federación Gaditana de Discapacitados (Fegadi) se está asesorando a quienes quieren creen que pueden optar a las nuevas medidas sociales. «Esta Ley se ve como algo positivo, al menos sobre el papel, porque va a favorecer a este colectivo de personas, que están bastante marginadas por sus problemas de movilidad», indicó Gema Fernández Cortés, trabajadora social de la entidad.

Sin embargo, quienes ya estén recibiendo algún tipo de ayuda por parte de los servicios comunitarios de los ayuntamientos o la Junta (tales como asistencia a domicilio, estancia en centros de día o residencia) deberán tener en cuenta que la norma establece un estricto sistema de incompatibilidades que impide que determinadas prestaciones sean concedidas a la vez a la misma persona. Y esto puede obligarles a renunciar a algunos de los servicios que ya estaban recibiendo. Se trata de uno de los aspectos más controvertidos de la Ley de Dependencia, que aparece desarrollado en la Orden del 3 de agosto de 2007 que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 16 de agosto.

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